Si algo faltaba para aumentar la sensación de alarma en la sociedad ante el avance del Estado sobre las libertades individuales, es la creación de un organismo oficial que pretende “observar” los contenidos publicados por los medios de prensa argentinos. Bajo el argumento de buscar proteger a la sociedad de las fake news , se trata de un verdadero avance del Gobierno sobre la libertad de expresión y la libertad de prensa, derechos constitucionales que no pueden ni deben cercenarse.

En este sentido, este semanario hace suyas las expresiones de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) y su preocupación por la creación, por parte de un organismo oficial, de un «Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)». Supuestamente, tendrá como objetivo «proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias.»

Se trata de una iniciativa de la Defensoría del Público. Según se explicó desde ese organismo, el Observatorio busca generar insumos que permitan “reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad” y debatir “sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet”.

Pero bien señala Adepa, sobre proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, “la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.

No significa estar en desacuerdo con la promoción de un análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital, un rol que bien pueden cumplir sectores de la sociedad civil, como es el caso de “chequeado”, por ejemplo, un sitio creado por prestigiosos periodistas que se dedican a confirmar o desestimar información publicada basándose en el fiel chequeo de datos. Pero, alerta Adepa, es preocupante “cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de “observación” como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aún más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”.

Los denominados “discursos de odio” y la desinformación son problemas globales y un síntoma de crisis en nuestras democracias que sin lugar a dudas es preciso combatir. La mejor manera es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. “Nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos”, dice Adepa y coincidimos.

Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía.

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