Además, solicitaron la integración del gremio a la obra social y anunciaron otras tres huelgas para el 17 y el 24 y 25 de este mes, informó el sindicato.
Primero, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato decretó la huelga por 24 horas en rechazo de «el retraso y dilación de la Jefatura de Gabinete para autorizar para el pago el cambio de partidas presupuestarias».
El también secretario de Derechos Humanos de la CGT sostuvo que los trabajadores judiciales paralizaron las tareas durante toda la jornada ante «la ausencia de respuestas para modificar las partidas presupuestarias y respetar el aumento salarial».
Luego, el jefe sindical sostuvo que los trabajadores también pararon y se movilizaron para que el gremio ingrese de inmediato a la conducción de la obra social judicial.
Piumato aseveró que la huelga fue «contundente» y que si continúan «las absurdas demoras» el gremio convocará desde las 10hs. del 17 de noviembre a un nuevo paro con movilización y a otro de 36 horas el 24 y 25, con una gran marcha nacional el primer día con epicentro en el Palacio de Tribunales.
Los aumentos convenidos con el Alto Tribunal, de acuerdo al dirigente gremial, serán de entre el 25 y el 30 por ciento que se distribuyen en tramos, uno retroactivo a octubre y con subas en noviembre, diciembre y enero del 2023.
Hoy el salario básico de un trabajador judicial ronda los 160.000 pesos, sin ningún tipo de adicional. Con una suba total del 30 por ciento, el inicial sería de unos 200.000 en enero del año próximo. La urgencia en cerrar el acuerdo está ligada al impacto que tendría el porcentual en el sueldo anual complementario.
Hasta el momento no ha habido noticias de una eventual solución al conflicto, por lo que se estima que el Gremio de los Judiciales finalmente confirme estas medidas de fuerza.
A su vez, en la UEJN sospechan que la creciente tensión entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema tiene algo que ver con la demora en el cobro de la mejora salarial, ya que sostienen que los recursos ya estaban acordados por la Corte pero sorpresivamente fueron frenados por la Jefatura de Gabinete. Por eso entienden que hay «absurdas dilaciones» que impiden resolver la cuestión.
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