El principal objetivo de esta ley es informar al consumidor sobre cuánta grasa, qué tipo, cuánto azúcar y cuánto hidrato contienen los alimentos que compramos. Según la última Encuesta de Factores de Riesgo del Indec (2018), en la Argentina el 61,6% de las personas tienen exceso de peso (36,2% tienen sobrepeso y 25,4%, obesidad).
Los denominados «nutrientes críticos» son las grasas totales, grasas saturadas, sodio, azúcares y la cantidad de calorías. La Organización Panamericana de la Salud tiene límites considerados saludables de estos nutrientes. Con esta ley los productos que sobrepasen los límites fijados por el organismo deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra, con borde y letras de color blanco, que advierta sobre el exceso del nutriente crítico que corresponda en cada caso.
Pero cuando esta nueva herramienta tenía la oportunidad de debatirse, mejorarse y concretarse, la política metió la cola. Y el lobby también. La oposición no dio quórum para discutirla y exigió antes que se traten otros temas, como la boleta única, reforma de ley de alquileres y emergencia y esencialidad educativa. la extorsión fue explícita. Así como la carta pública de CFK. Política descarnada y a la vista del ciudadano de a pie.
Mientras tanto, los consumidores corremos el riesgo de continuar sin conocer los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías de nuestros alimentos, a partir de información clara, oportuna y veraz.
El derecho a la información sobre los productos que adquirimos para alimentar a nuestras familias es indiscutible. Está comprobado que malnutrición y enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, cardiovasculares y obesidad pueden prevenirse si nos alimentamos mejor.
Esta ley alcanzaría a fabricantes, fraccionadores y envasadores que distribuyan, comercialicen o importen y comercialicen alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.
Es de esperar que la clase política deje de lado sus mezquindades y disputas, y que trabaje para mejorar la calidad de vida de la población. Si la pandemia nos enseñó algo es que es el Estado el que debe estar preparado para brindar servicios de salud eficientes y regular al sector privado para garantizar que haga lo mismo. Y es el mismo Estado el que tiene que elaborar políticas de salud pública a largo plazo, efectivas y para todos. La ley de etiquetado de alimentos es una buena oportunidad para demostrarlo.
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