En medio de un proceso de auditoría y reordenamiento de los sistemas de asistencia, el Gobierno nacional detectó una gran irregularidad: cerca de 178 mil personas fallecidas continuaban registradas como beneficiarias del Certificado Único de Discapacidad (CUD) y figuraban activas en el circuito de percepción de prestaciones.
El dato surgió tras un cruce de información entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), que permitió identificar inconsistencias en los padrones oficiales. Según se informó, los registros de estas personas no habían sido dados de baja pese a figurar como fallecidas en el sistema nacional de identificación.
A partir de este hallazgo, la Justicia puso el foco no solo en los cobros indebidos que podrían haberse producido, sino especialmente en el accionar de prestadores de salud que habrían facturado servicios a nombre de personas ya fallecidas, una maniobra que podría caratularse como fraude contra el Estado.
En ese sentido, se prevé la realización de un segundo cruce de datos para identificar a los profesionales, clínicas y entidades que habrían participado en la facturación de prestaciones inexistentes. Las investigaciones apuntan a determinar responsabilidades administrativas y penales, tanto de quienes percibieron los beneficios como de los actores del sistema que validaron las prestaciones.
El descubrimiento se produce, además, en un contexto de alta tensión política, atravesado por los intentos del oficialismo de avanzar con la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, iniciativa que finalmente fue rechazada en el Congreso. En ese escenario, el caso reavivó el debate sobre el control estatal, el uso de fondos públicos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización sin afectar derechos adquiridos.
Hacé tu comentario