El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, adjudicó un contrato por 295 millones de pesos para la implementación de un nuevo operativo nacional de evaluación de aprendizajes en escuelas primarias. La iniciativa surge como respuesta a los preocupantes resultados obtenidos en la prueba Aprender 2024, que reveló retrocesos en lengua y persistentes dificultades en matemática.
La medida fue oficializada esta semana mediante una disposición de la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Educación y contempla la aplicación de las pruebas Aprender Primario junto a un nuevo dispositivo internacional denominado AMPL 2025 (Assessment for Minimum Proficiency Levels), desarrollado por el Australian Council for Educational Research (ACER).
AMPL busca medir niveles mínimos de competencia en lengua y matemáticas entre alumnos de sexto grado y complementar la información obtenida por Aprender con nuevas herramientas estadísticas y logísticas. Desde la Secretaría de Educación se lo presenta como un paso hacia la modernización del sistema de evaluación.
El servicio será ejecutado por Boldt Impresores S.A., empresa adjudicataria de la licitación nacional tras superar las ofertas de Oportunidades S.A. y Lakaut S.A., que fueron desestimadas por incumplimientos técnicos y criterios de conveniencia económica. La contratación incluye diseño, impresión, distribución, recolección, escaneo y procesamiento de las evaluaciones, en un plazo de 130 días corridos.
El operativo se desarrollará en el marco del Plan Nacional de Evaluación Educativa y apunta a obtener información precisa para diagnosticar tanto los aprendizajes alcanzados como las condiciones en que se desarrollan los procesos educativos.
La incorporación de AMPL 2025 llega en un contexto de alerta. Según los resultados de Aprender 2024, más del 33% de los estudiantes se ubicó por debajo del nivel esperado en lengua, mientras que en matemática casi el 50% no logró desempeños satisfactorios. Estas cifras encendieron las alarmas en el sector educativo y pusieron en el centro del debate el rol del Estado en la garantía de la calidad pedagógica.
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