Mientras las protestas universitarias se extienden en todo el país, el gobierno avanza con su plan para auditarlas con el objetivo de controlar el uso de las partidas que reciben.
Por su parte el director de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, reveló que estuvo en el centro de la polémica luego del veto presidencial que derogó la Ley de Financimiento Universitario.
Las auditorías comenzarían la semana próxima, y podría ser la Universidad de La Matanza la primera de la lista. “Para el resto aún falta armar los equipos de auditores y luego se priorizará en qué universidades seguir en función de los volúmenes de fondos y cantidad de convenios” dispusieron.
En cuanto al alcance de las auditorías, el directivo subrayó que el organismo se encargara fundamentalmente de ver el “sistema de control interno, estudiar los procesos y controles que hay en cada una de las reparticiones y después a través de un muestreo revisar el uso de los fondos”, dijo el funcionario que aclaró que no intervendrán en cuestiones relacionadas con la autonomía universitaria, tal como la designación de autoridades o la elección de carreras y profesores: “Eso no está dentro de nuestro alcance”.
En el caso que haya sospecha de corrupción, o si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso.
El plan de auditorías generó máxima tensión entre el gobierno de Milei y las autoridades de las universidades.
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