La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “seria preocupación y rechazo” ante la medida cautelar dictada por el juez Walter Federico Saettone, titular del Juzgado de Garantías N°7 de Pilar, tras una denuncia presentada por el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La entidad advirtió que la resolución judicial representa una amenaza para la libertad de prensa y podría generar un “efecto inhibitorio” sobre la labor periodística.
La medida judicial impone restricciones de contacto y acercamiento entre periodistas, legisladores y dirigentes denunciados por Tapia, además de ordenar que se abstengan de difundir datos personales, imágenes o información vinculada al ámbito privado y familiar del titular de la AFA. Entre los alcanzados por la cautelar se encuentran los periodistas Nicolás Pizzi, Federico Teijeiro, Bruno Yacono, Luis Gasulla y Mariano Roa, además del legislador porteño Facundo Del Gaiso y el dirigente Matías Yofe.
En un comunicado difundido públicamente, ADEPA cuestionó que el fallo “no menciona hechos concretos” que permitan atribuir a los periodistas denunciados la comisión de un delito, ni siquiera bajo el criterio de provisionalidad propio de una cautelar. Según la entidad, la acusación se centra en la cobertura periodística sostenida sobre el denominado “caso AFA”, relacionado con investigaciones y denuncias sobre el manejo institucional y patrimonial dentro del fútbol argentino.
La organización también remarcó que, cuando se trata de figuras públicas o personas con responsabilidades institucionales, el concepto de privacidad debe interpretarse “con especial cuidado” para evitar restricciones indebidas sobre investigaciones o publicaciones de interés público. En ese sentido, ADEPA sostuvo que el uso de herramientas judiciales para limitar el trabajo de periodistas constituye un antecedente preocupante para el debate democrático y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
El caso generó repercusión en distintos sectores políticos y mediáticos, especialmente por el alcance de la resolución judicial y por el debate que reabre en torno a los límites entre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión. ADEPA recordó además que la Constitución Nacional y el Pacto de San José de Costa Rica protegen especialmente la actividad periodística y prohíben mecanismos indirectos de censura o condicionamiento sobre la prensa.
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