Buenos Aires. Las universidades públicas nacionales convocaron a una nueva marcha federal para el 15 de octubre, marcando el quinto llamado a movilización en los últimos treinta meses contra la política de ajuste presupuestario del gobierno nacional. La convocatoria, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y organizaciones estudiantiles, reclama la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria, vetada por el Presidente Javier Milei en septiembre de 2025.
Las sucesivas movilizaciones documentan el deterioro progresivo del sistema universitario desde hace treinta meses. En abril de 2024, decenas de miles marcharon contra los primeros recortes y congelamiento salarial. Seis meses después, el Congreso aprobó una ley de financiamiento que el Ejecutivo vetó apenas horas después de que finalizara la segunda protesta. En septiembre de 2025, frente al mantenimiento de ese veto, la tercera marcha masiva resultó infructuosa. La cuarta marcha federal de mayo de 2026 trajo promesas de diálogo sin resultados concretos. Ahora, el 15 de octubre de 2026, estudiantes y docentes retoman las calles en la quinta convocatoria.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) implementó a mediados de octubre medidas de «estado crítico» para garantizar su funcionamiento hasta fin de año, incluyendo desconexión de sistemas de climatización, restricción de ascensores y cierre programado de edificios. Su rector, Ricardo Gelpi, advirtió públicamente que la Universidad «solo podrá funcionar entre dos y tres meses» al ritmo de financiamiento actual.
Los datos de CONADU son alarmantes: desde que Milei asumiera hace treinta meses, los salarios docentes acumulan una caída del 34.2 por ciento, con pérdidas anuales adicionales del 8.8 por ciento en 2026 respecto a 2025. El presupuesto universitario cayó al 0.428 por ciento del PIB en 2026, su menor nivel desde 1989, comparado con el 0.718 por ciento en 2023.
El deterioro salarial ha generado una diáspora de recursos humanos calificados. El rector de la UBA reportó que al menos 580 investigadores en departamentos de ingeniería y ciencias abandonaron el sistema público en busca de mejores oportunidades. Franco Bartolacci, presidente del CIN, alertó: «Estamos perdiendo generaciones de investigadores. Argentina corre el riesgo de retroceder décadas en su capacidad científica».
La demanda universitaria trasciende cuestiones salariales. Incluye la implementación de la ley de financiamiento estructural con ajuste por inflación anual, la preservación de la gratuidad vigente desde 1949, recuperación de presupuestos para becas e investigación, y garantía de estabilidad financiera plurianual. El número de becarios se ha reducido dramáticamente y estudiantes de sectores vulnerables reportan dificultades para continuar sus estudios.
El gobierno sostiene que la prioridad es mantener el «equilibrio fiscal». Alejandro Álvarez, subsecretario de Universidades Públicas, declaró: «La única ley que cumpliremos es la ley de presupuesto nacional». Milei ha cuestionado en redes sociales que las universidades públicas «se usan para hacer negocios turbios y adoctrinar».
Estos argumentos han sido rechazados por rectores, docentes y estudiantes, quienes señalan que las universidades nacionales produjeron cinco premios Nobel y desarrollaron medicamentos de alcance mundial. A diferencia de convocatorias anteriores, esta quinta marcha proyecta una movilización más amplia. Centrales obreras como CGT y CTA confirmaron participación, así como bloques parlamentarios opositores. Rectorados de universidades privadas expresaron solidaridad, reconociendo que el colapso del sistema estatal afecta al conjunto de la educación superior argentina.
Analistas advierten sobre la fatiga de movilización tras cinco convoques sin respuesta gubernamental. El sociólogo Daniel López de la Universidad Nacional de La Matanza señala: «Si la movilización no logra resultados institucionales, corremos el riesgo de apatia o radicalización de las demandas». Algunos sectores universitarios discuten medidas de fuerza más prolongadas, incluyendo paros indefinidos y ocupación de edificios.
La convocatoria del 15 de octubre lleva la consigna: «Sin educación no hay futuro». Como afirmó Bartolacci: «La universidad pública es la institución donde los hijos de trabajadores se convierten en ingenieros, médicos, arquitectos. Es una responsabilidad democrática que no admite restricciones».
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