La Secretaría de Energía de la Nación profundizó la fiscalización sobre el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas. Mediante el cruce de información satelital, sistemas de georreferenciación (GIS) y el monitoreo de urbanizaciones cerradas, el organismo detectó y rechazó cerca de 18.000 solicitudes de subsidio correspondientes a usuarios residentes en countries, barrios cerrados y zonas de altos ingresos de Puerto Madero, el AMBA y Córdoba. De manera oficial, la cartera energética precisó que la cifra exacta asciende a 17.843 solicitudes rechazadas.
En paralelo, el Gobierno anunció que avanzará con una depuración mucho más amplia de la base de datos que administra los subsidios: cerca de un millón de solicitudes iniciadas desde 2022 serán revisadas y, en gran parte, desestimadas por estar incompletas, contener información incorrecta o no tener asociado un número de medidor o punto de suministro de electricidad o gas.
El mecanismo de subsidios se reorganizó a partir del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, oficializado a fines de 2025 y con plena implementación desde comienzos de 2026. Este sistema reemplazó la anterior segmentación en tres niveles (N1, N2 y N3) por un esquema simplificado de dos categorías de usuarios residenciales: por un lado, los hogares que requieren asistencia estatal directa para cubrir consumos indispensables de electricidad y gas; por otro, quienes abonan la tarifa plena por contar con capacidad de pago. Para administrar las bonificaciones, la Secretaría de Energía puso en marcha el ReSEF, la nueva base de datos que absorbió al padrón anterior, el RASE. A través de esta plataforma, el beneficio alcanza a los hogares cuyos ingresos netos totales resultan inferiores al equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del INDEC.
El control geográfico sobre countries y barrios cerrados
El procedimiento de detección de pedidos irregulares cruza la ubicación de los suministros con información sobre urbanizaciones cerradas, para determinar si corresponden a zonas cuyos residentes, en principio, cuentan con capacidad de pago suficiente para afrontar las tarifas sin asistencia estatal. Una vez identificado un suministro dentro de esas áreas, tanto las solicitudes nuevas como los beneficiarios que ya estaban inscriptos quedan categorizados como «sin beneficio».
Este esquema, que ya regía en el AMBA, Puerto Madero y Córdoba, se extenderá ahora también al Gran Neuquén, según lo estableció la Disposición 11/2026 de la Secretaría de Energía. Para el relevamiento en esa región participaron del cruce de datos las distribuidoras Calf, Ceez, Copelco y la de Plottier, junto con el organismo regulador nacional. A diferencia de los casos frenados antes de otorgarse el subsidio, en Neuquén la medida permitirá revisar beneficios que ya se encuentran vigentes: según estimaciones oficiales, cerca de 500 usuarios que actualmente reciben la bonificación serán excluidos por residir en zonas consideradas de «manifiesta capacidad de pago».
De manera paralela al control georreferenciado, el Gobierno avanza con una revisión mucho más amplia del padrón: cerca de un millón de solicitudes iniciadas desde 2022 que nunca terminan de completarse, contienen errores o quedaron abandonadas sin resolución. Según aclararon fuentes oficiales, esta depuración no implica quitarle el subsidio a un millón de hogares, ya que se trata de trámites que nunca llegaron a convertirse en un beneficio efectivo. Los titulares de esos pedidos serán notificados antes de la eliminación definitiva del registro.
Tanto quienes fueron excluidos por el control geográfico como quienes vean su solicitud dada de baja en la depuración general pueden pedir la revisión de su caso a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD). En todos los casos, la obligación de probar que la exclusión o el rechazo fue incorrecto recae sobre el usuario, que deberá presentar la documentación correspondiente.
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