La Iglesia católica argentina criticó el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que el Gobierno nacional envió al Congreso. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone modificar distintas normativas vinculadas a expropiaciones, desalojos, tierras rurales y manejo del fuego, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica y eliminar restricciones que, según el Ejecutivo, limitan el derecho de propiedad.
El cuestionamiento fue planteado a través de una carta abierta firmada por el Área de Ecología Integral de Pastoral Social, la Entidad Nacional de Defensa del Indígena (Endepa) y Cáritas Argentina. En el documento, dirigido a los legisladores nacionales, las organizaciones advirtieron que el proyecto “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.
Uno de los principales puntos observados por la Iglesia es la eliminación de las restricciones vigentes para la compra de tierras por parte de extranjeros. Según señalaron, la propuesta podría facilitar la adquisición de superficies vinculadas a recursos estratégicos, como reservas de agua y otros bienes naturales, lo que consideran un riesgo para la soberanía nacional y el control de recursos esenciales.
Además, el documento sostiene que la iniciativa debilita la capacidad del Estado para administrar el territorio, planificar obras públicas y proteger intereses colectivos. “Este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”, afirmaron las entidades vinculadas al Episcopado.
Por último, la Iglesia también pidió que el debate contemple políticas que favorezcan el acceso a la vivienda para las familias más vulnerables mediante un marco jurídico razonable para los alquileres. En ese sentido, solicitaron a los legisladores que prioricen el bien común y el futuro de las próximas generaciones por encima de intereses particulares al momento de analizar el proyecto.
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