La decisión del Gobierno nacional de avanzar con un proyecto para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, abrió un fuerte debate entre distintos frentes políticos, especialistas en nutrición y organizaciones vinculadas a la salud pública.
La iniciativa, enviada recientemente al Senado, busca dejar sin efecto la normativa que desde 2022 obliga a los alimentos y bebidas envasados a incorporar sellos negros de advertencia cuando presentan exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales o calorías. También contempla advertencias sobre la presencia de cafeína y edulcorantes.
Desde el Gobierno sostienen que la ley actual no logra cumplir con el objetivo de brindar información clara a los consumidores. Según argumentan, el sistema de medición utilizado puede derivar en situaciones donde productos con cantidades similares de ciertos nutrientes reciban advertencias diferentes, lo que generaría confusión al momento de elegir qué consumir.
Entre los argumentos también aparece la necesidad de unificar los criterios de etiquetado dentro del Mercosur. Desde el Ejecutivo sostienen que las diferencias entre los sistemas vigentes en cada país obligan a las empresas a modificar envases y productos para exportar, lo que aumenta los costos y afecta especialmente a las pymes. Por eso, proponen avanzar hacia un modelo común para toda la región.
La intención oficial es reemplazar el actual esquema por otro modelo de rotulado nutricional, aunque para ello primero deberá avanzar la derogación de la legislación vigente.
Sin embargo, la propuesta encontró una rápida respuesta por parte de sectores académicos y sanitarios. Más de 300 instituciones vinculadas a la salud pública, universidades y organizaciones de derechos humanos manifestaron su rechazo a la iniciativa y pidieron a los legisladores que no acompañen el proyecto.
Según expresaron, no existen fundamentos científicos que justifiquen eliminar una herramienta que consideran clave para garantizar el acceso a información clara y visible sobre la composición de los alimentos.
Entre las voces críticas también aparecen profesionales de la nutrición, quienes sostienen que los sellos de advertencia permiten a los consumidores identificar rápidamente los productos con excesos de nutrientes críticos sin necesidad de interpretar complejas tablas nutricionales.
“Derogar la ley es volver a la letra chica, donde hay que ser experto para interpretar lo que dice”, señaló una nutricionista al referirse al proyecto impulsado por el Ejecutivo.
Para quienes defienden la normativa vigente, la presencia de los octógonos negros representa una forma simple y accesible de informar a la población, especialmente en un contexto donde aumentan las enfermedades vinculadas a la alimentación, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.
Mientras el debate comienza a instalarse en el Senado, la discusión vuelve a poner sobre la mesa una pregunta de fondo: cuál es la mejor manera de garantizar que los consumidores cuenten con información clara y comprensible para tomar decisiones sobre su alimentación.
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