La Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera) expresó su respaldo al proyecto que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años, aunque planteó que cualquier modificación legal esté acompañada por políticas públicas integrales. La postura marca una diferencia con la Iglesia Católica, que se manifestó en contra de la iniciativa.

El proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y ahora deberá ser tratado por el Senado de la Nación Argentina. En ese contexto, desde Aciera señalaron que la legislación vigente quedó desactualizada y consideraron necesaria una adecuación que contemple la realidad.

Sin embargo, advirtieron que el éxito de cualquier reforma dependerá, según expresan, de la articulación entre el sistema judicial, la escuela y la familia, junto con mecanismos de evaluación que permitan medir su efectividad. En ese sentido, la organización remarcó: “la aplicación de penas será insuficiente si no se acompaña de políticas públicas que atiendan la raíz del problema (social, económica, educativa y familiar) y que apunten a la reinserción social”. A su vez, subrayaron la necesidad de que el Estado garantice instituciones adecuadas para el tratamiento de menores, evitando su traslado a cárceles comunes.

Además, insistieron en que “es urgente un plan nacional de prevención de consumos problemáticos y la efectiva implementación de la educación preventiva en las escuelas”, como parte de una estrategia orientada a la prevención del delito juvenil.

Desde la entidad recordaron que sus referentes mantuvieron encuentros con el Presidente en la Casa Rosada durante los últimos meses, donde abordaron la situación social y las políticas vinculadas a la niñez y las familias.

Finalmente, las iglesias evangélicas reafirmaron su compromiso con la causa y expresaron: “Como iglesias evangélicas, reafirmamos nuestra fe en el poder transformador del Evangelio y nuestra disposición para intensificar la labor con las familias y la niñez”. A su vez, gregaron que su misión es “velar por el bienestar del ser humano y el interés superior del niño, incluyendo a las víctimas”.

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