La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) manifestó su rechazo al proyecto que propone reducir la edad de imputabilidad penal y pidió un debate más amplio e integral sobre la ley penal juvenil, a pocos días de que el tema sea tratado en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
Desde la Iglesia expresaron su preocupación ante la iniciativa que plantea establecer la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años (actualmente es desde los 16 años). En ese sentido, advirtieron que la reducción de la edad no puede ser considerada la única respuesta frente a hechos de violencia o delitos cometidos por adolescentes, y remarcaron la necesidad de políticas públicas que incluyan educación, prevención y acompañamiento integral.
El Gobierno nacional incorporó el proyecto de reforma del régimen penal juvenil a la agenda parlamentaria, acompañado por propuestas complementarias vinculadas a la seguridad y a políticas juveniles. Sin embargo, el planteo generó una fuerte controversia política y social, con posturas enfrentadas tanto dentro del Congreso como entre organizaciones sociales y de derechos humanos.
“Advertimos que centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello realmente necesario: lo que previene, educa y acompaña”, señalaron desde la CEA en un comunicado. Allí también recordaron que la Iglesia comparte el dolor de las familias y comunidades afectadas por hechos de violencia, aunque sostuvieron que una discusión limitada a la edad penal “corre el riesgo de simplificar una realidad mucho más compleja”.
En ese marco, remarcaron que la problemática interpela no solo al sistema penal, sino también a la familia, la escuela, la comunidad y al Estado. Para la Iglesia, el desafío central es pensar políticas juveniles que “cuiden, eduquen y acompañen”, y no únicamente respuestas que llegan cuando el daño ya está hecho.
Según el documento, la verdadera prevención surge del cuidado compartido: familias acompañadas, comunidades comprometidas, un Estado presente y una sociedad que no se resigna a perder a su niñez y juventud. Por eso, desde la iglesia reafirman la necesidad de un régimen penal juvenil y adolescente con una mirada humana, integral y abierta a la esperanza, que vaya más allá de la sola dimensión punitiva.
Mientras organizaciones defensoras de los derechos de niños y adolescentes advierten que una reducción sin un enfoque educativo y de reinserción puede profundizar la estigmatización y la exclusión de los jóvenes más vulnerables, otros sectores sostienen que medidas más duras son necesarias para mejorar la seguridad y disuadir conductas delictivas.
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