Desde entonces se suspendieron o están cerca de ello los medicamentos de alto costo, acompañantes terapéuticos y traslados. Además, indicaron que no se darán nuevas altas.
Según parece, dentro del plan de ajuste del nuevo gobierno se ordenó la interrupción del pago a prestadores del programa Incluir Salud, cuyos beneficiarios son personas con diferentes grados de discapacidad que perciben pensiones no contributivas. Es decir, población que no tiene ningún otro tipo de cobertura médica y necesita del Estado para poder llevar adelante sus tratamientos.
Si bien los pagos se hacían con retrasos había un flujo continuo, pero desde que asumió la nueva administración, Nación interrumpió los desembolsos para las prestaciones que contrata en forma directa, pero que administran las jurisdicciones.
Las prestaciones que están bajo la lupa son: medicamentos de bajo y alto costo; traslados; diálisis; oxigeno; acompañantes terapéuticos; cuidadores domiciliarios; enfermería domiciliaria; pañales y tratamientos para la hemofilia, casi todos esenciales. Son casi medio millón de personas afectadas en todo el país, de las cuales 270 mil están en la provincia de Buenos Aires. Además, hay 11.190 solicitudes de inscripción al Programa que están frenadas y sin respuesta ante los reclamos.
Recordemos que el plan Federal Incluir Salud es un programa del Estado Nacional que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y está diseñado para la asistencia financiera a las provincias que se adhieran, las cuales administran los fondos mediante las Unidades de Gestión Provincial (UGP).
Por lo tanto, cada jurisdicción brinda servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantiza que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) con discapacidad puedan acceder a una atención de calidad, independientemente del lugar donde vivan.
El camino que deben recorrer las familias para recibir la asistencia comienza en cada provincia. Allí deben tramitar las prestaciones que necesiten, pero luego los expedientes son derivados para su alta y cumplimiento al Gobierno Nacional. Los pagos se hacen a noventa días y, según informaron fuentes de las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad, el último desembolso de la cápita fue realizado entre el 7 y el 11 de diciembre a 21 provincias, correspondiente al mes de octubre.
Sin embargo, desde las provincias coinciden en afirmar que lo que cortó la administración de Milei son los pagos de las prestaciones que la Agencia hace en forma directa, pero que son controladas por cada gobernación. Entre ellas, transporte, centros de día, internaciones y medicamentos de alto costo. Es esta segunda vía de financiamiento que está afectada desde hace un mes y con la que se asiste al noventa por ciento de los beneficiarios.
En definitiva, esta decisión afecta a unas 500 mil personas en todo el país que ya estaban inscriptas en el Programa. Pero, además, en estos momentos está parado el trámite de afiliación 11.190 personas que solicitaron darse de alta al Incluir y no tienen respuesta. En 2023 se pidieron y tramitaron 38.118 y se efectivizaron 26.929 altas.
En tanto, hay unos 3 mil pedidos de medicación de alto costo que no tuvieron respuesta, vacantes en hogares y centros de día que desde el año pasado se congelaron, por lo que ninguna persona que necesite puede ingresar, y no hay nuevos convenios ni lugares para los que necesiten.
En cuanto al transporte de las personas con discapacidad (esencial para sus vidas, ya que sin ello no pueden acceder a las prestaciones de salud, educación, terapéuticas, rehabilitación, etc.) no se actualiza el valor del kilómetro desde septiembre del año pasado y ese fue el último pago que recibieron los transportistas. Con los altos niveles de inflación y el corte de la cadena de pagos, el servicio comenzó a paralizarse y peligra en todo el país.
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