Otro de los aspectos preocupantes es el pago de los alquileres. «Es muy delicado, hay comerciantes que no pudieron terminar de pagar las deudas del año pasado. Algunos comenzaron a achicar lo que debían, pero tienen una situación complicada con los aportes patronales, ARBA, etc. También hay que pensar del otro lado, que hay gente que tiene un local chico y vive de rentas. Por eso trato de ponerme en el lugar de los dos».

En ese sentido, Bloise reconoció que muchos comerciantes le confiaron que «acumularon cinco o seis meses de deuda en concepto de alquiler, que fueron arrimando algo de dinero al propietario pero que prefieron seguir manteniendo el pago de los sueldos antes que nada. Muchos están tratando de cumplir con eso, porque los empleados son parte de la familia. Hay gente que hace 20 años que está trabajando junta. El resto de las deudas tratan de ir trasladándolas mes a mes».

Como consecuencia de esta situación, tanto CAME como FEBA le pidieron al gobierno provincial y nacional alguna excepción o condonación de impuestos, reconociendo la gravedad del momento en que vivimos y los meses que no se trabajó.

«En vez de ir en forma individual quisimos ir todos juntos por medio de las instituciones que nos representan. Estamos esperando una respuesta», admitió el titular del CCIB.

Puso como ejemplo el grave momento que está viviendo el sector gastronómico. «Son los que peor la están pasando, y en muchos casos no tienen vuelta atrás. Creo que son los más perjudicados, es una locura, porque con el modelo que se planteó, el delivery ni siquiera cubren gastos muchas veces».

En cuanto al comercio local en general, los que no son esenciales están limitados al take away, que puede ser venta telefónica u on line, y después se pasa a retirar la mercadería por el local o se envía por correo.

«El comercio está respetando el sistema que está permitido hoy, pero me han contado que muchos están vendiendo la mercadería que tienen en stock solo para pagar sueldos. Y después no sabemos cómo van a continuar, porque no pueden reponer nada de mercadería, y no saben cómo van a llevar el negocio adelante», apuntó.

Más tarde informó que el Centro Comercial sigue teniendo las oficinas de cobro abiertas al público, «para poder seguir pagándole el sueldo a los empleados. Cumpliendo con todo el protocolo, como se debe, esperando que pase todo esto».

CAME difundió que en este período cerraron 50 mil empresas y se perdieron 140 mil empleos, por lo cual solicitaron «la suspensión de impuestos y clearing bancario» para que las pymes puedan sobrevivir durante los próximos confinamientos que se vienen este año.

Según la entidad «las micro y pequeñas empresas atraviesan una situación extrema por la caída de las ventas en el mercado interno y las constantes limitaciones, restricciones y cierres impulsados por el gobierno nacional y provincial», a lo que se suman las limitaciones legales como la prohibición de despidos o la doble indemnización, que terminan minando la liquidez de las firmas. Las entidades reclamaron «un gesto de la clase política» e hicieron hincapié en la falta de respuestas desde el gabinete de Alberto Fernández, ante el cual presentaron diferentes propuestas que nunca fueron respondidas.

Posteriormente, Alejandro Cipolla explicó que el episodio “Fue un control en donde se mostró la documentación. Él salía de grabar (Masterchef). Yo expliqué todo por teléfono y no pasó a mayores, ya que no se estaba violando ninguna norma”. Respecto a las tres horas de demora que el mismo Alex contó en sus redes, el abogado aclaró que no hubo detención, y que su representado “Contó todo en las redes para que la gente tome conciencia de que si sale solo debe ser por motivos especiales, en el caso de él su trabajo, ya que es sumamente cuidadoso por motivo del covid”.

Cabe recordar que en marzo de 2020 Caniggia y su novia, Macarena Herrera, quedaron bajo prisión domiciliaria después de haber sido detenidos en el peaje de Hudson por violar la cuarentena obligatoria. Además, el auto en el que circulaban, un Fiat Cinquecento, fue secuestrado.

Uno de los sectores afectados es el de las librerías, ya que una de las restricciones que rige por 15 días en la provincia de Buenos Aires es la suspensión de las clases presenciales, dejándoles una pérdida del 70 % en las ventas. Matías Biondi, dueño de «El Rayo», explicó: «Me afectó, por un lado, la poca circulación y la virtualidad de algunas oficinas y lugares de trámites, porque tengo una fotocopiadora y al estar cerca de la sede de IOMA tengo continuamente clientes, cosa que ahora no ocurre. Por el otro, el cierre de escuelas me dañó, porque gran parte de los insumos que vendo son para el colegio».

“Estoy pensando cambiar de rubro y abrir un kiosco, porque si las restricciones siguen la actual ya no me rinde. Ahora estoy vendiendo algo para escribir, alguna bolsa de regalo y otras cositas, pero no puedo sostenerme un año con tan poca entrada de dinero. Tengo empleados, alquiler e impuestos que pagar», manifestó.

«Entiendo las medidas para evitar los contagios, pero falta una ayuda para los comerciantes en materia impositiva. Accedí por un tiempo al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), pero no fue suficiente», criticó.

Otro rubro perjudicado es el gastronómico. Florencia López, de Barrel Bar que la semana pasada nos contó el duro momento que atravesaba, reiteró que el límite horario hasta las 19 «hunde» a los bares y restaurantes. «Tuvimos que achicar los horarios y trabajar temprano el fin de semana, veremos cómo funciona; pero la situación es muy difícil». En la misma línea, el personal de «3 Dragones» indicó que «bajaron las ventas» y continuó: «Ya la gente no entra al salón, estamos abocados al delibery. Nuestros productos son específicos, estamos sosteniéndonos por los clientes fijos”.

En cuanto, a los locales de ropa, que en el casco céntrico domina gran parte del comercio local, también expusieron sus preocupaciones. Aylen, titular de la tienda «Colores Santos», dijo: «Estaba cerrando a las 20, así que cerrar una hora más temprano no me perjudicó. Sí la baja circulación de personas afectó al rubro, porque impidió que la gente ande por el centro, vea la vidriera y adquiera una prenda» y agregó: «De todos modos venimos muy mal, la situación económica es alarmante, los precios de los alimentos subieron un montón y eso hace que la ropa, al no ser de primera necesidad, pase a segundo y tercer plano».

Pese a tanto mal trago de 2020, la comerciante fue una de las que invirtió apostando a que este año la situación se revirtiera. «Tenemos un local en Hudson y en el centro abrí hace 6 meses confiando en que este año iba a ser diferente, y la verdad me está costando un montón vender una prenda. Además, el alquiler es altísimo: pago 30.000 pesos, pero hay negocios que superan los 80.000, y ¿cómo hace un negocio de ropa para juntar esa plata en este contexto? Las autoridades gubernamentales tienen que proteger a los negocios bajando o congelando los impuestos y alquileres, porque en un par de meses vamos a quedar destruidos. Cuando se descongelaron los precios de los alquileres aumentaron de forma desproporcionada», formuló.

Por último, reflexionó: «La gente durante el verano no se cuidó, en los bares y en las plazas se juntaban en grupos sin respetar las medidas sanitarias. También el gobierno debió haber controlado estrictamente para que las normas se cumplieran. Ahora es tarde, los casos crecieron y lamentablemente, con las nuevas restricciones, terminamos perdiendo aquellos comercios que seguimos todos los protocolos».

El pasado 15 de setiembre, el Banco Central había anunciado que la compra de dólar ahorro tendría un recargo del 35% deducible de Ganancias, al tiempo que incluía dentro del tope de compra de u$s200 por mes las compras en dólares con tarjeta de crédito en el exterior y en servicios en moneda extranjera. Además, la restricción de compra incluye a partir de esa fecha a aquellos beneficiarios de planes sociales, a quienes no tengan ingresos declarados y a los cotitulares de cuentas. Tampoco podrán comprar divisas quienes tengan planes de financiación en cuotas de créditos personales, prendarios e hipotecarios, el saldo de la tarjeta de crédito a 12 meses o préstamos hipotecarios UVA.

La nueva modalidad despertó críticas y generó preocupación en miles de ahorristas que ven en la moneda extranjera su única capacidad de ahorro ante la eterna devaluación del peso. Además, se sumó otra preocupación: el retraso en la actualización de los sistemas de venta on line, que afectó la actividad durante doce días en los cuales no se pudieron registrar operaciones. Según informaron las entidades bancarias, ese retraso se debió a «problemas para modificar el sistema» para poder determinar qué clientes percibían algún tipo de beneficio o ayuda del Estado.

En diálogo con este medio, empleados de diversas entidades bancarias informaron quiénes son los ciudadanos que no pueden acceder a la compra de dólares de acuerdo a la nueva disposición del Banco Central. Los afectados son todos aquellos que posean movimientos en las cuentas que no se correspondan con las medidas permitidas, ingresos o egresos sospechosos o excesos en los cupos permitidos; monotributistas y autónomos que se hayan beneficiado con créditos a tasa cero; dueños de empresas beneficiarios del programa ATP para el pago de salarios; quienes operan dólares financieros; beneficiarios de planes sociales (IFE, Tarjeta Alimentar, etc.); aquellos ciudadanos sin ingresos estables (de acuerdo al entrecruzamiento de datos con la ANSES); quienes hayan hecho el pago mínimo de la tarjeta de crédito durante mayo y abril y tengan un plan de refinanciamiento; beneficiarios de créditos UVA; titulares de cuentas bancarias compartidas.