De esta manera, las compañías advierten que el sistema de transporte de la región metropolitana se encamina a una paralización si no se atienden debidamente estos reclamos. Incluso hay algunas líneas que ya funcionan hace un tiempo con servicio reducido.
«De no publicarse una nueva estructura de costos durante esta semana, el sistema de Transporte de la Región Metropolitana se encamina a una paralización no deseada por los operadores, pero a la que no pueden evitar», advirtieron en uno de los párrafos.
La nota fue suscripta por la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta); Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires. (Cetuba); Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), Cámara de Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).
En el documento, además, señalaron que “el reciente aumento del boleto mínimo a 270 en la zona del AMBA implica una tarifa promedio de 200 pesos por usuario luego de todos los descuentos que hay por boleto integrado y atributo social. El estado aporta 400 por viaje en una cuenta que no se actualiza desde noviembre, cuando se calculó con precios de la economía de agosto y setiembre”.
En ese sentido, agregaron que hoy se reciben “600 pesos por viaje cuando el costo es de 1000” y que “no se cumplió el compromiso de actualizar las cuentas y la determinación de subsidios luego del ajuste de tarifa y la paritaria firmada con UTA, con lo cual los operadores no tienen forma ni medios materiales para cumplir lo acordado con UTA, ni siquiera garantizar la continuidad de los servicios en los próximos días”.
“Aún con un boleto mínimo de 270 pesos la tarifa promedio apenas cubre el 20% del costo real de cada viaje (10% en 2023), por lo que el incumplimiento del Estado de su propio marco normativo en un sector que no fija precio por su actividad pone en riesgo la continuidad de los servicios en el 2do sistema de transporte de colectivos más grande del mundo, que emplea a 50.000 trabajadores y transporta más de 10 millones de pasajeros diarios”, resaltaron.
Pasando en limpio, las empresas sostienen que el valor del pasaje mínimo actual comienza a quedar retrasado en un contexto inflacionario. Así buscan que se establezca un nuevo cálculo de costos.
Esto sucede pese a que el Gobierno Nacional aplico una suba del 410% en el boleto en apenas dos meses de gestión.
Además, recordemos que el reclamo tiene lugar tras el conflicto entre el Gobierno nacional y las provincias por el recorte de las transferencias destinadas al transporte del interior.
]]>Esto fue resuelto por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato.
En ese sentido, desde el gremio explicaron que aún no recibieron novedades respecto a la autorización de cambios de partidas a la Corte Suprema por parte del Ejecutivo nacional para hacer frente a la suba salarial dispuesta.
“Exigimos el pago de lo acordado con la Corte”, enfatizó la UEJN en un comunicado donde se ratificó el llamado al paro nacional llevado adelante el 6 de septiembre.
La medida fue confirmada por el propio Piumato durante una manifestación para expresar el descontento de los trabadores ante “la inexplicable demora” por parte del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en firmar la autorización de cambio de partidas para efectivizar el aumento salarial a los judiciales.
En ese sentido, desde el sindicato subrayaron que “están dadas todas las condiciones económicas necesarias para afrontar -en lo inmediato- el pago de lo acordado, más allá del requisito formal de la firma” del ministro coordinador, y destacaron que el hecho de haber levantado las medidas de fuerza que tenían previstas para la semana pasada fue “una muestra de buena voluntad”.
“A la fecha, continuamos realizando las gestiones necesarias para revertir esa inexplicable demora, más aún por cuanto -como hemos denunciado infinidad de veces- la inflación creciente impacta de lleno en el salario de los/as trabajadores/as”, fue otra de las frases que se pudo extraer del comunicado de los judiciales.
“Esperamos la urgente efectivización de lo acordado para el tercer tramo de pauta salarial 2023 -6,5% al 1 de julio- con lucha”, señaló también el gremio en el llamado a la medida de fuerza.
“¡Sin salarios dignos no hay Justicia!”, concluyó el comunicado difundido por el sindicato.
Finalmente, tras la autorización de las partidas, el viernes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso un aumento del 6,5 por ciento para los empleados del Poder Judicial desde el 1 de julio pasado y, por eso, se levantó la otra huelga que los judiciales tenían pensada para esta semana si seguía habiendo falta de respuestas para sus reclamos.
Esto permitió destrabar el asunto y que la Corte pudiera dar el aumento a los empleados de modo que no quedaran atrasados con respecto a la inflación.
]]>Cabe mencionar que el viernes 17 de marzo, el Juzgado Federal de Quilmes hizo lugar a la medida cautelar presentada por el intendente de Berazategui, Juan José Mussi, contra Edesur. Desde el municipio informan que, en caso de que la empresa no cumpla con la orden judicial, su directorio y principalmente el presidente de EDESUR serán denunciados penalmente por desobediencia.
El asesor letrado del municipio, Gustavo Campos, expresó: “Mussi está al frente de los reclamos de los vecinos y por eso fue nuevamente a la Justicia. Ahora la Justicia ya dio lugar a la cautelar y, si Edesur no cumple, se realizará una medida penal contra el directorio de Edesur, más específicamente contra su Presidente”.
En tanto que el martes 21, el Gobierno nacional formalizó la intervención de Edesur y nombró al intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, como interventor administrativo.
«Dispóngase la intervención de control y fiscalización de la Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.) por el plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la notificación del presente acto», ordena la resolución 307/2023 publicada en el Boletín Oficial.
Y añade: «El interventor designado fiscalizará y controlará todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de la citada concesionaria, a cuyos efectos contará con las facultades para asignar los recursos humanos necesarios a fin de que lo asistan en la función encomendada».
Asimismo, señala que «el interventor designado deberá elevar al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) Informes parciales con una periodicidad no mayor a diez (10) días y un Informe Final dentro de los diez (10) días contados a partir de que se disponga la finalización de su función de fiscalización y control».
Finalmente, se invita al «Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que designen, respectivamente, representantes a fin de que se integren a la intervención dispuesta».
En los considerandos, la medida señala que «resulta imprescindible reforzar las medidas de control sobre la gestión de la distribuidora en orden a reconducir la prestación, a favor de la defensa de los derechos de los usuarios, tutelados por la Constitución Nacional, los marcos regulatorios y demás normativas».
En ese sentido, Ferraresi remarcó que «la medida de intervención administrativa será por 180 días y reviste un carácter transitorio y excepcional”, al tiempo que precisó que no dejará su cargo como mandatario de Avellaneda, por lo que llevará adelante ambas tareas en simultáneo.
]]>El plan de reclamos de la Unidad Piquetera en dicha jornada se dió bajo el pedido de:
-Trabajo genuino, sin precarización laboral y bajo convenio.
-Seguro al desocupado para todas las familias que lo necesiten.
-Universalización de los planes sociales.
-Asistencia a los comedores populares.
-Entrega de herramientas comprometidas para desarrollos comunitarios.
-Aumento del Programa Potenciar Trabajo y marcha atrás con las bajas.
Por su parte, los ex trabajadores de Garbarino, quienes formaron parte del Plenario Nacional Piquetero semanas atrás, reclamaron la falta de pagos de sueldos e indemnizaciones por parte de la empresa que tiene como dueño a Carlos Rosales. “Fuimos más de 2.000 despedidos, nunca nos pagaron indemnizaciones, estuvimos trabajando un año y pico sin que nos paguen los sueldos. El señor Carlos Rosales compró la empresa e hizo un vaciamiento total. Nunca nos pagaron nada”, expresó uno de los afectados y siguió: “Tuvimos charlas con gente que nos iba a dar soluciones, y acá seguimos esperando. No nos dan ni un plan para reflotar la empresa”.
A su vez, debido al caos ocasionado en el tránsito uno de los ex empleados de la compañía en cuestión remarcó: “A la gente le pido disculpas por este corte de calles, pero no nos queda otra opción para reclamar por lo que nos corresponde”.
En dicha protesta también se hizo mención sobre la salud mental de varios de los damnificados, quienes a través de la engorrosa cuestión salarial y laboral que atraviesan, sufren problemas de salud como depresión, por la falta de pago de los salarios e indemnizaciones.
El martes a la noche, voceros del Ministerio de Seguridad bonaerense afirmaron que no había acuartelamientos, y explicaron que las muertes de los oficiales Daniel Ramírez y Osvaldo López están “bajo investigación penal”.
Los efectivos anunciaron en redes sociales un “acuartelamiento en el GPM de Ezeiza” e invitaron a “los demás efectivos, familiares, retirados y amigos que se acerquen a apoyar”, al tiempo que convocaron a una “concentración” en la puerta de la sede de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires “en reclamo de mejoras salariales y al pago de los aumentos anunciados y que este gobierno no cumplió”.
El hecho que desató la protesta ocurrió en la madrugada del mismo martes en el kilómetro 33 de la Ruta Nacional 3, en la mano que va de Virrey de Pino hacia San Justo, e involucró a la motocicleta BMW del GPM de la Base Ezeiza que tripulaban Ramírez y López. Heridos de gravedad, ambos fueron trasladados al hospital de Ciudad Evita, donde finalmente murieron a raíz de las heridas.
De acuerdo con policías que participaron de la protesta, Ramírez, que era quien conducía la moto, “tuvo un recargo de 24 horas” previo a su servicio ordinario, ya que había estado afectado al operativo de seguridad durante la tradicional peregrinación a Luján. En ese sentido, se supo que al día siguiente, a las 5, empezó su servicio ordinario de 48 horas, a lo que le siguió un servicio en Quilmes desde las 19 hasta las 4 del día siguiente, y desde las 6 uno en La Matanza hasta las dos de la madrugada.
Los compañeros del oficial afirmaron que “solo durmió dos horas, tirado en un descampado, porque los jefes no quieren que bajen a la base, porque si lo hacen se acuestan a dormir, lo que es intolerable para un jefe”.
A través de una cuenta de Facebook denominada Policía Reclamando, cargaron contra el jefe político de la policía de la provincia. “Señor ministro Agropecuario Berni, le rogamos los azules que lamentablemente aún estamos a su cargo, que presente la renuncia YA si tiene algo de decoro. Usted y el chanta de García son una manga de inútiles. Señores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, son ustedes que se juegan la vida por estos inútiles. ¿Hasta cuándo, viajando cientos de kilómetros para ir a trabajar, cumplir con horarios que atentan contra nuestra propia vida? ¿Qué más debemos esperar para reaccionar? familiares de los azules, ustedes tienen que ayudarlos a que esto no pase más. Nadie nos cuida, somos un mero trámite administrativo. Por nuestros compañeros, que Dios se apiade de sus almas y los sepa cuidar como acá en la Tierra no supimos hacerlo”, pidieron.
]]>Por su parte, ATE Berazategui, conducido por Carlos Acosta, adhirió al paro nacional y se movilizó dentro del distrito en reclamo de mejoras salariales para el gremio y, en particular, llevaron a cabo una jornada contra el «ajuste» que están viviendo los guardaparques del Parque Pereyra.
«En el marco del paro nacional nos movilizamos en Camino Centenario acompañado a las y los compañeros de Pereyra Iraola por aumentos salariales, pase a planta permanente y un estricto control de precios. Desde el sector de Guardaparques reclamamos: devolución de los descuentos, renovación de las licencias de conducir, ingreso de los 6 Guardaparques ad honorem e incorporación del personal de campo, entre otros temas», expresó el gremio local.
«Nos movilizamos para que se visualicen los reclamos de las y los trabajadores Guardaparques, nos acompañaron los compañeros de CTA-A, SUTEBA, y otras organizaciones sociales, donde se realizó una asamblea, quedando a la espera de una mesa de trabajo en los próximos días con las y los trabajadores», detallaron en tanto la resolución de la jornada de lucha.
Además, ATE Berazategui pidió «paritarias por encima de la inflación» y «cumplimiento de los 30.000 pases a planta permanente acordados en la reunión con el gobierno».
]]>El domingo pasado, los profesionales que brindan las terapias decidieron hacer una medida de fuerza: suspender la atención por tres días, para que se regularice el pago de los aranceles adeudados. El lunes terapeutas y trabajadores del área de salud mental llevaron adelante una jornada de paro y se manifestaron frente a la Casa Rosada en reclamo de mejores condiciones salariales y en contra de los recortes.
«Hace mucho que los pagos vienen con bastante atraso, así nos dijeron; el problema es que en agosto se cortó definitivamente la cadena de pago y ya no recibieron nada de todo lo adeudado. Es completamente comprensible que inicien acciones, porque uno tiene que reconocer que, más allá de todo, ellos tienen cuentas, alquileres, pago de servicios, tienen que vivir…tienen sus gastos. Es terrible porque en muchos casos estas cancelaciones en nuestros hijos significan retroceso, y uno no quiere eso», admitió Florencia.
Fidel además de ir al jardín concurre al psicólogo, terapia ocupacional, musicoterapia y fonoaudiología. Este último servicio es particular, ya que le fue imposible a Florencia conseguir un profesional disponible. Cada consulta cuesta alrededor de 1800 pesos que en septiembre se convertirán en 2200 pesos.
«Nosotros trabajamos en relación de dependencia y tenemos Apres. Nos cuesta un montón conseguir profesionales porque les pagan muy poco y mal, diferido a varios meses, y todos sabemos lo que eso significa. Cuando cobran ya no les sirve para nada. Esta situación, por lo que sabemos gracias los grupos de Whatss App que compartimos con otros papas, es igual para todas las obras sociales. Es lógico que todo esto genere angustia, no solo en los padres sino también en los profesionales, que finalmente buscan llenar los espacios con particulares que paguen al contado».
«Es increíble lo bien que le hacen las terapias a Fidel, en este tiempo mejoró un montón, ya hace contacto visual, responde a órdenes simples y a su nombre, cosas que para un chico con TEA son muy difíciles, pero lo logramos, por eso cada sesión es sumamente importante e indispensable para ellos», sostuvo Florencia.
«Nosotros con mi marido siempre pensamos que, si es tan complicado conseguir turnos para pacientes que tienen obra social, no sabemos cómo será para quienes no la tienen. Debe ser terrible. Hay que tener mucha paciencia, porque hasta encontrar quién se haga cargo hay que dar muchas vueltas, cuesta mucho encontrar profesionales… y todo por lo mismo, por los poco que reciben, porque no son recompensados como se merecen desde hace mucho tiempo».
Es poco lo que sabe de porqué los pagos fueron cancelados. El retraso es tan grande que abonan a dos, tres y hasta cuatro meses aproximadamente. Todos esperan una explicación al respecto. Sobre todo, saber cuándo la inclusión se hará efectiva y dejen de cortar siempre «el hilo por lo mas delgado».
]]>«Será la culminación de un trabajo de varios meses y luego de la realización de congresos provinciales y regionales abiertos. Estos congresos votaron resoluciones, pronunciamientos y un plan de acción», agregó.
Por otro lado, la activista profundizó: «El gobierno nacional y popular se encuentra políticamente en bancarrota. Esto arrastra a la bancarrota política a todo el bloque que lo apoyó: nos referimos al partido peronista, la burocracia sindical, los organismos sociales ‘vaticanos’, la Cámpora y varios más. Todas las luchas obreras se llevan adelante por fuera y en contra de esta burocracia atornillada en los sindicatos, la CGT y la CTA».
También Molina se refirió a la nueva ministra de economía , Silvina Batakis, y señaló: «La ministra ratificó el acuerdo con el FMI. Se trata del programa que ha llevado al hundimiento del salario y las jubilaciones, y a un aumento de la pobreza. Esta ratificación desnuda la hipocresía del kirchnerismo, que estuvo agitando mentirosamente contra los planes del FMI».
«La clase obrera debe intervenir como tal, con su propio programa político. Esto es lo que debatiremos, con derecho a la palabra y la propuesta de todos los compañeros en el Congreso abierto del próximo 16 de julio», sostuvo.
«Las resoluciones y los pronunciamientos de esta asamblea abierta servirán para reforzar una agitación política en todo el país. Servirán para avanzar en la tarea impostergable de una intervención independiente de los trabajadores en esta crisis, con un programa y organización propios, y con un plan de lucha que recupere todas nuestras conquistas y plantee la alternativa de un gobierno de trabajadores», concluyó.
]]>En ese sentido, recordaron que “Hoy, la cámara de empresas de salud más importante del país nos da la espalda y nos niega el derecho a discutir una recomposición salarial justa, postergada y devaluada durante años. Actualmente cobramos un promedio de $600 la hora, lo que hace que los procesos inflacionarios del país lleven el salario del médico por debajo de la línea de pobreza, con una jornada laboral de 24 horas semanales”.
Antonio Di Nanno, Secretario General de AMAP, dijo estar “muy preocupado porque las paritarias nuestras se discuten en julio y en agosto se empiezan a pagar. En esta oportunidad hemos llamado, mandado cartas y ADECRA no contesta nada. Se decía que teníamos que esperar lo que pasaba con Sanidad, pero nuestra paritaria es otra, no vamos a esperar a Sanidad; estamos dispuestos a realizar un plan de lucha porque estamos en estado de conflicto, incluso pidiendo al Ministerio de Trabajo que medie”.
Di Nanno remarcó que “sin médicos no hay medicina, y en Argentina casi el 70% de la atención médica es privada. Nosotros tenemos nuestro espacio y debemos ser respetados”, pidió, al tiempo que precisó que “la especulación de la cámara tiene que ver fundamentalmente con que espera una intervención del Gobierno; venían con subsidios y ayudas estatales y quizá están esperando eso”.
Por todo esto, los médicos del sector privado remarcaron que “estamos en estado de alerta y movilización, y tomaremos medidas gremiales si persiste esta negativa, que avasalla de manera injusta nuestros derechos”.
]]>Los residentes de la zona señalaron: «Desde hace varios meses venimos reclamando a la empresa Edesur que atienda el problema y hasta el momento no hemos tenido respuestas concretas. Es un gran poste de madera que está roto, tiene un gran peso, y su estructura no puede aguantar más. Vivimos con incertidumbre por la cantidad de gente que circula por el lugar. Esperemos que las autoridades pertinentes se ocupen urgentemente del asunto antes de que haya una desgracia y para evitar males peores”.
«Pagamos muy caro el servicio, tenemos cortes de luz de manera reiterada y ahora hay un poste que está sostenido sólo con cables», agregaron.
«Tenemos miedo que lastime a alguien, por favor no sé qué podemos hacer, es muy peligroso; es una lástima que los responsables esperen a que pase una desgracia. Es una vergüenza que no puedan cambiar el poste, no sé qué están esperando. Por favor que alguien nos diga qué se puede hacer, pero no podemos dejar que esto siga así, a punto de caerse», manifestaron.
]]>En detalle, el gremio expuso la necesidad de que la paritaria 2021 «garantice la recomposición del poder adquisitivo salarial perdido en los años anteriores, fundamentalmente el deterioro producido durante 2018 y 2019». Asimismo, solicitaron que para el primer mes del año se incluya «la recuperación de los 1,6 puntos porcentuales perdidos durante la negociación de 2020».
También, exigieron mejorar el piso salarial eliminando los niveles escalas de 8 y 9, para que de esta manera el ingreso al Poder Judicial se realice en el cargo de Auxiliar 1°. También se exigió la restitución del 3% de antigüedad para los años 1996/2005, que actualmente se perciben por debajo de ese porcentaje.
«Como parte del proceso de reparación del daño producido durante la administración de María Eugenia Vidal, se sostuvo la exigencia de devolución de los descuentos por medidas de fuerza realizadas durante 2018 y 2019, en un contexto en que el Estado provincial incumplía de manera flagrante su obligación de negociar colectivamente con el sindicato para determinar la política salarial», remarcó el sindicato.
Además, solicitaron poner en la mesa de trabajo «la sanción de la ley de negociación colectiva para el Poder Judicial, abordar la solución al colapso que padece la justicia provincial mediante la puesta en funcionamiento de nuevas dependencias y el nombramiento de nuevo personal, establecer un plan de corto, mediano y largo plazo para dar solución a la crisis de infraestructura edilicia, y avanzar en la reversión del proceso de tercerización del servicio de limpieza, con la incorporación a la planta del Poder Judicial de las y los trabajadores que actualmente desarrollan tareas contratados por las empresas prestadoras».
«Según manifestó Nicolás Todesca, representante del Ministerio de Economía, se propondrá realizar un acuerdo por nueve meses, con incrementos trimestrales en los meses de marzo, junio y septiembre, y una reapertura la primera semana de noviembre. A tal efecto, se convocará a una nueva reunión durante los próximos días», agregaron desde la AJB.
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