Durante el allanamiento se le incautó al cura Papa dos teléfonos. En ese marco, se supo que Ichazo, a cargo de la causa, sospecha de un vínculo estrecho entre el sacerdote y el comisario Francisco Centurión, por lo que se sospecha que el primero colaboró con el segundo prestándole su auto y su teléfono luego de que el comisario fuera allanado por la PFA en repetidas ocasiones antes de su detención.

Según dejaron trascender, Papa se convirtió en sospechoso luego de varios testimonios que lo apuntaban principalmente por su tarea pastoral en la Policía Bonaerense. Además, se sospecha que el cura borró todo el historial de mensajes y audios de WhatsApp enviados por Centurión en su teléfono.

Al declarar en la causa como testigo la semana pasada, Papa, que conoció al comisario años atrás a través de su tarea pastoral en la Policía Bonaerense, dijo “no recordar con quiénes se comunicaba Centurión”.

Cabe recordar que en las últimas horas, Ichazo elevó a juicio la causa, en donde acusó a Cristian y Maximiliano Centurión de haber matado y calcinado a Lautaro y de haber mantenido cautivo a Lucas, mientras que al comisario Centurión no lo acusa del crimen de Lautaro, pero sí del secuestro de Lucas y, eventualmente, de haber sido quien lo asesinó para darle impunidad a su hijo y a su sobrino.

En el requerimiento, el fiscal solicitó al juez Diego Agüero, titular del Juzgado de Garantías 6, que los tres imputados sean sometidos a un juicio por jurados en un futuro debate en los tribunales del Departamento Judicial de Quilmes.

Para Ichazo, el 9 de diciembre de 2022, Cristian y Maximiliano Centurión “estrangularon y propinaron golpes a Lautaro Tomás Morello, con claras intenciones de darle muerte, provocándoles múltiples heridas en su cráneo y mandíbula, causándole finalmente su óbito por estrangulamiento (…) para luego disponer del cuerpo del mismo, e incinerar sus restos, en una zona rural a los fines de deshacerse de las evidencias del delito”.

En tanto, junto al comisario mayor Centurión, se les imputa que el 10 de diciembre del año pasado, en el domicilio del policía “ejerciendo violencia privaron de su libertad a Lucas Escalante”, a dónde había ido junto a Lautaro engañado por Cristian, quien le había prometido que le iba a entregar vales de nafta que estaban destinados a patrulleros.

De acuerdo con las fuentes, Vega había ido a pasar el día al club junto a su pareja, llamada Valeria Mari (45), hasta que en el sector de las piletas apareció la expareja de la mujer. El agresor efectuó varios disparos y Vega recibió 12 heridas de arma de fuego que le ocasionaron la muerte casi en el acto.

Por su parte, el agresor, identificado como Enrique Alberto Florentín, huyó a bordo de una camioneta utilitaria Renault Kangoo blanca y se quitó la vida de un disparo en la cabeza con la misma arma con la que había disparado contra Vega.

La fiscal Ximena Santoro, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 del Departamento Judicial Quilmes, dispuso una serie de medidas, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad y de testimonios de los testigos.

Por otra parte, la justicia intentaba dar con dos hombres que fueron vistos por las cámaras de seguridad de la zona de la estación de Ranelagh cuando le quitaban el arma homicida a Florentín, mientras éste yacía sin vida.

Horas después, el Intendente Juan José Mussi publicó un mensaje en redes sociales en el que envió sus “condolencias a la familia del concejal Jorge Vega, que fue víctima de un crimen vinculado a su vida privada. Nuestros respetos a sus seres queridos”. Además, expresó que “Jorge siempre trabajó por su barrio Villa Mitre y por defender y promover los derechos de los pueblos originarios. Fue presidente de la Sociedad de Fomento de Villa Mitre y, desde el 2021, concejal de nuestro distrito”.

Por último, Mussi aseguró que “Siempre lo recordaremos por ser un vecino con gran vocación de servicio, atento a las necesidades de su comunidad y, por sobre todas las cosas, un gran compañero”.

La noticia se conoció el último fin de semana, cuando la mujer fue vista en su domicilio de la calle 127 y 48. Walter Hernández, papá de Héctor Jesús Hernández (2) y Abril Melisa Hernández (6), los niños asesinados por Villalba, contó que «Me enteré por los vecinos, que la vieron en el patio de la casa con su novio, nadie de la Justicia me informó que le habían colocado una tobillera y que la soltaron para que esté en la casa». El hombre indicó que «esto me pone muy mal, no entiendo cómo le permitieron primero tener relaciones estando detenida y, ahora que quedó embarazada, salir y volver a su casa».

El mismo Hernández explicó que en estos casi dos años del asesinato de sus hijos la causa que lleva la fiscal Mateos no tuvo avances significativos. También advirtió que “he ido varias veces a la fiscalía pero nunca me atienden, no sé en qué está la causa y, para peor, ahora me entero de esto por mis vecinos, porque nadie me avisó que le otorgaron domiciliaria a mi ex”.

El doble crimen de Héctor Jesús y de Abril ocurrió el 10 de octubre de 2020 en una vivienda situada en la calle 127 al 4700, del Barrio Kennedy Sur, donde Villalba vivía con los niños. De acuerdo a la acusación de la fiscal, la mujer «tomó desprevenidos e indefensos» a sus hijos, «ya que se encontraban durmiendo», y los mató.

Según un informe preliminar de las autopsias practicadas en la morgue policial ubicada en el cementerio de Ezpeleta, Abril falleció como consecuencia de un “shock hipovolémico provocado por un corte con un arma blanca de grandes dimensiones» en el cuello. Por su parte, el cuerpo de Héctor también presentaba cortes en el cuello y múltiples heridas cortantes en el antebrazo derecho, aunque los forenses indicaron que murió como consecuencia de una sofocación.

Por estas horas, vecinos y el propio Walter estudiaban la posibilidad de realizar una manifestación frente a la vivienda de Villalba y a la fiscalía, en señal de repudio por la decisión de otorgarle a la mujer el arresto domiciliario.

El cuerpo de la mujer fue hallado en avanzado estado de descomposición por su hermano, el 21 de abril de 2016. Alterado porque no le respondía los llamados, el joven fue a buscarla hasta la vivienda de la calle 17, entre 129 y 130, donde observó desde una ventana que había un cuerpo envuelto en una frazada, alrededor de un enorme charco de sangre.

Al ingresar en compañía de efectivos policiales, constató que los restos pertenecían a Samantha, cuyo cuerpo llevaba fallecido al menos 72 horas, según constató luego la autopsia.

Asimismo, los estudios médicos revelaron que la víctima había sido torturada antes de morir, ya que tenía marcas de quemaduras de cigarrillo, y que la causa de muerte fue un disparo de arma de fuego.

Durante el juicio, Hernández, que llegó detenido al debate oral, declaró que la muerte Guabello se trató de un “accidente” y dijo que no recordaba mucho de los hechos porque era un habitual consumidor de estupefacientes.

El hecho fue investigado por la fiscal Gabriela Mateos, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 descentralizada en el mencionado distrito del Departamento Judicial Quilmes, y días después se detuvo a Hernández como principal sospechoso del femicidio.

Sus familiares, amigos y allegados no encuentran consuelo y marcharon nuevamente esta semana para exigir justicia. Esa justicia que tarda tanto en llegar….y apuntan directamente contra  Ramiro M. menor de edad y Agustín G. que podría haber sido su cómplice. En las imágenes de esa noche que se pudieron ver en varios medios de comunicación, hay varias personas que están alrededor del joven asesinado, que es acorralado contra un volquete y cae al piso con la herida mortal.

Según apuntan sus familiares días previos al asesinato, a Ciro le robaron una gorra y luego los responsables de ese episodio se burlaron de él en las redes sociales. «El no quiso realizar la denuncia porque Ramiro solo tiene 15 años; pero este chico se burlaba de haberle robado la gorra. Después Ciro se lo encuentra el 1 de mayo en un partido de fútbol en la cancha del barrio Orión, a las 22 horas. Lo ve a Ramiro y lo encara para que le devuelva la gorra, entonces comienzan a pelear mano a mano, y Ramiro saca un cuchillo y lo mata sin compasión».

El crimen ocurrió en la zona de 111 y 22, y el joven fue herido con un arma blanca que fue directo al tórax. Si bien fue trasladado al hospital Evita Pueblo, el esfuerzo de los médicos no fue suficiente y terminó muriendo en ese nosocomio.

Luego, y según el relato de sus allegados, el asesino «se escapa del lugar y se refugia en el Country Abril, donde vive su tío, y al otro día lo entrega un familiar».

Lo que sucede es que Ramiro M. tiene solo 15 años por lo cual, según las leyes vigentes, es inimputable y, por el momento, no irá preso.

Ciro tenía 19 años y trabajaba en la construcción desde los 15, para ayudar a su familia. También con su máquina de cortar pasto salía a trabajar en el mismo barrio, por eso era un chico muy conocido. «Terminó el secundario el año pasado y se había anotado a un curso de refrigeración porque tenía rápida salida laboral». Pero ahora todos sus sueños quedaron truncos y para su familia no hay paz.

Ramiro M quedó detenido en la comisaria de Ranelagh e imputado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) en turno en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ) de Quilmes, en un hecho caratulado como «Homicidio en riña». Pero los jueces deben ver que medidas toman, de acuerdo a la ley.

«Perder un hijo es lo peor que le puede pasar a un padre. Junto a mi esposa se nos terminó toda la expectativa de vida, porque traés un hijo a la vida para cuidarlo y este tipo lo mata y queda impune. Estamos esperando que la Justicia lo guarde la mayor cantidad posible de años», expresó Diego Duarte, padre de Ciro, tratando de sobrellevar su inmenso dolor.

«Debemos seguir luchando para que todo esto no siga sucediendo y para qué más familias no sigan quedando destruidas. Estamos viviendo  tiempos muy difíciles ante una sociedad en la que salimos a la calle y no sabemos con qué nos vamos a encontrar, o si regresamos a nuestros hogares. El estado tienen que tomar decisiones urgentes y ver de qué manera se pueden evitar estas cosas. En fin queremos cambios en el sistema y que la justicia apoye a las víctimas y no a los asesinos», expresó una vecina que, como muchos otros que conocían al joven fallecido, prometen seguir pidiendo justicia.

Días atrás la mamá de Brisa, Gabriela Paz, contó el dolor con el que atraviesa la muerte de su hija, no solo por el femicidio sino porque la investigación se encontraba estancada. Ahora, fuentes judiciales indicaron que los reactivos necesarios para cotejar las muestras de ADN recogidas en el cuerpo de la joven llegaron y, en consecuencia, se podrán analizar para avanzar con la investigación.

Cabe mencionar que, de momento, el único detenido por el femicidio es Hugo Iván Morales (23). El joven está imputado por «abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio calificado».

El viernes 12 de noviembre del año pasado, Brisa salió de su casa, por la noche, junto a su prima Agustina, para asistir a una fiesta en la Sociedad de Fomento San Marcos. En la mañana del sábado, Gabriela notó que su hija aún no había vuelto, por lo que llamó a su sobrina, quien le contó que Brisa había discutido con su ex y que, minutos después, la encontró con Morales. Según sus dichos, la última vez que la vio fue a las 5.30 (en la Sociedad de Fomento), tras lo cual no supo más nada.

Cerca de las 19 del sábado, una amiga de la víctima dijo que alrededor de las 10 se la cruzó a Brisa cerca del barrio Bustillo, en Plátanos. También señaló que la vio con Morales.

Hasta el momento, la reconstrucción de los hechos indica que Brisa salió de la fiesta acompañada por un joven minutos después de las 5 de la mañana del sábado. La data de muerte dice que fue asesinada entre las 7 y las 8 de la mañana de ese mismo día. Aún no pudo establecerse qué ocurrió en ese lapso de tiempo.

Sí se supo que Brisa fue víctima de un ataque sexual, tras el cual el femicida la estranguló con el pantalón de la joven. Su cuerpo permaneció en el descampado durante casi 36 horas antes de ser encontrado por dos menores que deambulaban por el predio de calle 45 y 147.

De momento, la causa está a cargo del fiscal Daniel Ichazo, de la UFI N° 8 de Berazategui. Se espera que con el resultado de los análisis de ADN se pueda esclarecer quienes participaron del brutal femicidio y sus respectivas identidades.

De acuerdo con fuentes judiciales, Butcovich se desplazaba en una bicicleta tipo playera cuando dos sujetos, que se transportaban en rodados similares, lo interceptaron con intenciones de robo. Fue en ese momento en que lo atacaron con un cuchillo, provocándole varias heridas punzocortantes a la altura del estómago y el pecho, para luego huir del lugar en las bicis.

Minutos después, Butcovich fue asistido por médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Sin embargo, pese a las maniobras de RCP aplicadas, el joven terminaría muriendo dada la gravedad de las heridas recibidas.

En el hecho intervino el fiscal Carlos Riera, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Berazategui, quien ordenó el relevamiento de cámaras para la identificación de los autores del hecho.

Fue así como, tras una intensa labor de investigación por parte de efectivos de la comisaría 2da. y de la Estación de Policía de Berazategui, al mando del Comisario David Pussatti, los delincuentes fueron identificados y detenidos en sendos allanamientos que se dieron en viviendas de calle 141 al 4.100 y en calle 43 al 2.700. En poder de los acusados los agentes secuestraron una de las bicicletas con la que escaparon la noche del crimen.

En el lugar se presentaron también efectivos de la Estación policial Berazategui, al mando del Comisario Inspector David Pussatti, quienes comenzaron con las tareas de averiguaciones y declaraciones testimoniales de los vecinos.

Los oficiales dieron con un nieto de la víctima, quien declaró que fue su hermano, Ezequiel Sosa, el responsable del incendio. El joven indicó que él y Ezequiel llegaron en horas de la madrugada a la vivienda de su abuela exigiéndole una suma de dinero, algo a lo que la mujer se negó. Fue en ese momento en que Ezequiel, de 26 años, golpeó a su abuela en la cabeza con un objeto contundente, lo que generó que la mujer cayera al piso inconsciente. Enfurecido, el agresor comenzó a prender fuego algunos objetos de la casa, haciendo que las llamas se propagaran de inmediato. «No pude hacer nada porque estaba drogado», declaró el joven al ser interrogado sobre por qué no intercedió y detuvo a su hermano. Segundos después, ambos huyeron del lugar, abandonando a su abuela.

Conocido este testimonio, efectivos de la Comisaría 1° de Berazategui procedieron a detener a Ezequiel Sosa, quien fue imputado por “Homicidio simple” por el fiscal interviniente en la causa, el doctor Daniel Ichazo, titular de la UFI N° 1 de Berazategui, del Departamento Judicial de Quilmes. El letrado no tomó medidas con el hermano, aunque podría ser acusado una vez que el detenido declare.

En cuanto a los resultados de la autopsia, los mismos determinaron que Irma Sosa falleció por «inhalación de monóxido de carbono y carbonización», no pudiendo establecerse si efectivamente presentaba golpes en su cabeza.