El reclamo de las compañías por una actualización de tarifas presionó al gobierno nacional a tomar una determinación urgente. Fue así como en diciembre se anunció el incremento de hasta el 8%, algo que, lejos de conformar a las empresas, pretendió, al menos, alivianar tensiones. Así lo había dejado en claro el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrosini, quien en diálogo con la Agencia Télam aclaró que, tras el planteo de cooperativas, pymes y grandes empresas (que se anticiparon y anunciaron los incrementos del 20% unilateralmente) «la opción era mantener el congelamiento o aplicar este incremento de entre el 5 y el 8%. El aumento es el punto dentro de la regulación que Enacom discute con el Ministerio de Economía, Jefatura de Gabinete, porque impacta en la inflación». El funcionario dijo, además, que el organismo que dirige evaluó «seriamente» la situación de las pymes y, tanto a éstas como a las grandes empresas, «nadie quiere asfixiarlas, porque sería dejar sin servicio a la gente».

Entre los usuarios, al recibir las facturas de enero muchos de ellos se quejaron porque consideraron que los aumentos fueron desproporcionados y exigieron mayores controles por parte del Estado ante el «abuso de tarifas» por parte de las empresas. Claro, por ejemplo, envió facturas con subas del 20%. «Hice el reclamo porque el gobierno no autorizó ese aumento», comentó Paula Parisi, usuaria de esa compañía, a Periódico La Palabra. «Venía pagando una boleta de 749 pesos y ahora me vino una por casi 1.000 pesos. Lo peor es que cuando llamás no te atienden o te dan vueltas para darte una explicación», indicó. La empresa Claro tuvo, entre 2015 y 2019, un crecimiento del servicio de Móvil Prepago de un 370,59% y de 306,98% del Móvil Pospago/Mixto, en tanto que en el primer semestre de 2020 estos incrementos estuvieron en el orden del 31%, una situación  que se repite en el resto de las compañías y que marca, al mismo tiempo, las exorbitantes ganancias que tuvieron en los últimos años.

Con la intención de regular el mercado y poner fin a los abusos de las empresas, el Gobierno comenzó a implementar a partir de enero de este año la Prestación Básica Universal y Obligatoria (PBU) para servicios de telefonía, Internet y TV por cable, que fue dispuesta por el Gobierno nacional a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690/20. Por intermedio de la misma se fijó un precio mínimo de 150 pesos para telefonía móvil, buscando «garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas». A través del plan, «podrán optar por adherirse a la PBU las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, así como también sus hijos e hijas de entre 16 y 18 años, y miembros de su grupo familiar; beneficiarios y beneficiarias de Pensiones No Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles», detalló la Enacom en un comunicado. El beneficio se extiende también a clubes de barrio, asociaciones de bomberos voluntarios y entidades de bien público.

En cuanto a los aumentos desmedidos en las boletas de enero, el Enacom aclaró que «algunas empresas procedieron a emitir facturaciones previamente a lo establecido por resolución y comunicaron incrementos superiores a los autorizados por el ente regulador». Ante esa situación, «los usuarios y usuarias que hayan recibido facturaciones con incrementos en el precio superiores al 5% podrán optar por dos alternativas», aclaró el organismo: por un lado, podrán exigir a la empresa prestadora del servicio la facturación con el importe correcto contemplando el aumento autorizado, antes de abonar la factura recibida. La otra opción es abonar el importe facturado y esperar a que la empresa prestadora reintegre el dinero facturado de más a través de una nota de crédito en la inmediata factura posterior.