El abogado berazateguense, con más de tres décadas en el Poder Judicial, fue oficializado en un nuevo cargo y dialogó con La Palabra al respecto.

El gobierno de Axel Kicillof oficializó la designación de jueces, fiscales y defensores oficiales en distintos fueros y departamentos judiciales de la Provincia de Buenos Aires, en el marco de un listado de más de 200 cargos aprobados por el Senado y publicado en el Boletín Oficial. Entre los nombramientos se encuentra el de Ignacio Juan Domingo Nolfi, quien asumió como Defensor de Casación Penal en la provincia.

Oriundo de Berazategui, Ignacio (de 49 años) es hijo de Martín Nolfi, el primer abogado nativo de la ciudad, fundador de la Junta de Estudios Históricos de Berazategui y de la Asociación Orígenes. Con 31 años de trayectoria en el Poder Judicial, inició su carrera a los 18 años en la Suprema Corte, en la Procuración General, y actualmente se desempeña como Defensor de Casación Adjunto de la Provincia de Buenos Aires, además de su nuevo cargo tras ser designado como Defensor de Casación Titular de la Provincia de Buenos Aires.

En diálogo con este medio, Nolfi expresó: “Es un gran desafío, la intervención de la Defensoría de Casación abarca toda la provincia y ahí estaré tratando de estar a la altura de esa responsabilidad”.

Respecto al rol que le tocará desempeñar, explicó: “El Defensor de Casación Penal actúa ante el Tribunal de Casación, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de la Nación y ante organismos internacionales, garantizando la defensa de aquellos que se encuentran imputados, a quienes se les atribuye un delito penal y carecen de recursos para un abogado particular”.

“Hay un defensor en la primera instancia y luego un defensor general en cada departamento judicial. Por ejemplo, acá tenemos el defensor general de Quilmes, de La Plata, de Lanús y de Avellaneda. Después está el Defensor de Casación, que tiene competencia en toda la provincia y actúa ante la Suprema Corte bonaerense, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y también ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, sumó. 

Finalmente, tras ser consultado sobre la situación penal en la Provincia, señaló: “Se observa una escalada de conflictividad y de litigiosidad penal cada vez más alta. Eso lo advertimos desde la Defensoría, desde los órganos jurisdiccionales y también en la propia Fiscalía ante el Tribunal de Casación. Creo que este incremento se vincula con diversas cuestiones socioeconómicas, pero no debe limitarse solo a lo económico: también hay carencias en materia de educación y de compromiso social frente a los conflictos que hoy atraviesa nuestra sociedad”.

“Al analizar la provincia en su conjunto, vemos cómo aumenta el índice de litigiosidad y también la violencia en los hechos delictivos. De todos modos, la Procuración General cuenta con una estructura que lleva un control de estadísticas, de modo que no se trata solo de una mirada desde la defensa pública, sino también de información respaldada por el propio Estado”
, cerró Nolfi.

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