Mientras que la oposición impulsa en el Congreso un proyecto de ley de emergencia en discapacidad, los prestadores de servicios denuncian una falta de actualización cercana al 70 % del nomenclador que determina el valor de las prestaciones. Hay mucha preocupación en torno al tema y se espera que se pueda resolver en un corto tiempo.
Desde que asumió el nuevo gobierno, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) está llevando a cabo una auditoría sobre más del 85 % de las pensiones, y un grupo de organizaciones denunció “falencias en esos procesos de auditoría impulsados por el Estado nacional”.
En tanto, hay diversos cuestionamientos a la política que lleva a cabo la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo. Por un lado, los prestadores de servicios para el sector denuncian una falta de actualización del nomenclador que determina el valor de las prestaciones, y por otro, en los últimos meses, el organismo dispuso modificaciones en los requisitos para el otorgamiento de pensiones por invalidez, en paralelo a la realización de auditorías sobre los beneficios vigentes.
Como contrapartida, al cierre de esta edición, la oposición impulsa en el Congreso un proyecto de ley de emergencia en discapacidad que propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios y reformar el sistema de pensiones.
Como derecho adquirido, todas las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tienen derecho a acceder a estas prestaciones. Las obras sociales están obligadas a cubrir estas prestaciones para sus afiliados. En el caso de las personas con discapacidad que no cuenten con obra social o prepaga, el Estado debe garantizar el acceso a las prestaciones.
Estas prestaciones se financian a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que depende de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y ayuda a las obras sociales a afrontar el costo de los servicios, y fondos del Tesoro Nacional, para cubrir las prestaciones de quienes no tienen cobertura.
Existe un Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, cuyos aranceles se actualizan periódicamente a través de resoluciones conjuntas del Ministerio de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad. Esas resoluciones determinan el aumento en el valor de los servicios que brindan los distintos prestadores del sistema de discapacidad: hogares, escuelas, centros de día, rehabilitación, transportistas, terapeutas, centros de formación laboral, entre otros.
Pero los prestadores denuncian que estos valores vienen muy atrasados desde el gobierno anterior, y el problema se profundiza cada día con los aumentos.
“Es inviable sostener los servicios destinados a las personas con discapacidad con un desfasaje superior al 70 % en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas. Es responsabilidad indelegable del Estado nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida”, señalaron desde el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El monto de la pensión por invalidez laboral equivale al 70 % de una jubilación mínima. Con datos actualizados a junio, son $213 mil, a los que se le debe sumar el bono de $70 mil que también perciben los jubilados que cobran la mínima. En definitiva, la cifra total es de $283 mil.
Estas pensiones se actualizan con la misma fórmula que las jubilaciones. El Gobierno de Javier Milei dispuso, a partir de abril de 2024, que los haberes se ajusten por inflación. Según los datos oficiales, desde diciembre de 2023 las pensiones (con bono incluido) cayeron un 12,9 % en términos reales. Por otra parte, la caída interanual (contra junio de 2024) fue del 6 %.
Auditorías
La ANDIS inició en 2024 un proceso de auditorías con el objetivo de corroborar si los beneficiarios cumplían con los requisitos para acceder a la prestación. El control se inició en la Ciudad de Buenos Aires y, a partir de 2025, se extendió al resto de las provincias. Para esto, firmó un convenio con el PAMI, y la auditoría alcanza a un total de 1.017.219 beneficiarios, el 85 % del total de pensiones. En mayo, el organismo informó que no se estableció un plazo para la publicación de los resultados, pero el convenio con PAMI es por 24 meses. “En total, hasta el momento se han citado 22.339 pensionados, de los cuales asistieron 8.150, y 3.489 tienen evaluación desfavorable. A su vez, 14.189 no asistieron y vuelven a ser citadas”, informaron desde ANDIS.
Al mes de abril se suspendieron efectivamente 2.004 pensiones, mientras que un total de 239 pensionados renunciaron y se detectó que 146 estaban fallecidos.
Las dudas existen, pero lo fundamental es encontrarle la solución a la paralización de los servicios que están interrumpidos. Es necesario que los profesionales vuelvan a tener ingresos acordes con sus necesidades mientras se investigan posibles fraudes o falencias. El sistema tiene que funcionar por el bien de miles de personas con discapacidad que no tienen otra forma de financiar todo lo que precisan a diario.
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