En representación del Gobierno, participaron Armando Guibert, secretario de Transformación del Estado, Enrique Pinedo, subsecretario de Evaluación Presupuestaria, y Carlos Sgarbi, subsecretario de Presupuesto, entre otros funcionarios. Por parte de ATE estuvieron presentes Mercedes Cabezas, secretaria adjunta, y Flavio Vergara, del área de Convenios Colectivos de Trabajo; mientras que por UPCN, Diego Gutiérrez, representante paritario.

La propuesta de incremento salarial del 12 % fue aceptada por UPCN, el sindicato que lidera el secretario adjunto de la CGT, Andrés Rodríguez. Sin embargo, ATE rechazó la oferta, argumentando que «no es posible con nuestra firma avalar este ajuste, ya que la decisión oficial licúa los salarios», según señaló Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

Aguiar anunció que la medida gubernamental «empuja al conflicto» y ratificó una jornada nacional de lucha, un paro de 24 horas y movilizaciones para la próxima semana. Consideró «insuficiente» la propuesta ante la inflación del último mes, que alcanzó el 20,6 %, y afirmó que el ofrecimiento «no se corresponde con la evolución de los precios en las últimas semanas», agravando el deterioro salarial.

El dirigente sindical sostuvo que la oferta «aumenta el número de estatales con ingresos por debajo de la línea de pobreza» y acusó al Gobierno de aplicar «un recorte de gran magnitud» a pesar de contar con recursos presupuestarios.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE, anunció la medida a través de las redes sociales, destacando la necesidad de movilizarse «por aumento salarial y en rechazo a los despidos». La jornada nacional de lucha contempla modalidades de protesta a definir en cada provincia.

Aguiar también mencionó el paro general de actividades para el 24 de enero, con movilización, como parte de las acciones planificadas. En su texto hizo hincapié en que los despidos afectan a ciudadanos comprometidos que están perdiendo sus empleos por decisiones gubernamentales. “Es el propio Gobierno el que está quebrantando la paz social. No sólo por las cesantías sin causa justificada, sino fundamentalmente por poner en riesgo el funcionamiento de numerosos organismos del Estado”, soltó.

El líder sindical señaló la importancia de no naturalizar lo que está sucediendo y destacó la necesidad de una recomposición salarial inmediata.
“Si no salimos a la calle los trabajadores, jubilados y el pueblo, no tendremos destino. En todas las provincias hay que interpelar a los diputados y senadores nacionales. Si es necesario, hasta en sus domicilios. Les tenemos que hacer poner la cara porque muchos cuando vuelven a sus distritos se olvidan de lo que votaron en Buenos Aires”, advirtió el mismo.

El Decreto 84/2023, emitido la semana pasada por el Gobierno, dispuso la no renovación de los contratos firmados después del 1 de enero de 2023. Aunque existen excepciones, los sindicatos han registrado una significativa cantidad de despidos, principalmente en áreas como la Secretaría de Cultura, Producción, SENAF, y ex ministerios como Trabajo, Hacienda y Justicia.
Según los sindicatos, en la Secretaría de Cultura, se registraron alrededor de 200 despidos, y este recorte se extiende a otras áreas gubernamentales, como Producción, que experimentó la finalización de 180 contratos, y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), que reportó 160 ceses laborales.

Adicionalmente, se han notificado 100 bajas de empleo en los ministerios de Trabajo (ahora transformado en secretaría), Hacienda y Justicia. Otras dependencias nacionales también han sido afectadas, incluyendo el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), con 79 rescisiones; Agricultura y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con 30 despidos cada uno; ENACOM, con 16 ceses, y el área de Agricultura Familiar, que ha registrado 13 rescisiones.

Es importante destacar que estos números no son definitivos y que algunos casos podrían no estar siendo contabilizados, advirtiendo así sobre la posibilidad de un impacto aún mayor en la fuerza laboral del sector público.

La movilización y el paro de ATE busca presionar al Gobierno para la reincorporación de estos despedidos y para iniciar discusiones sobre la necesidad de una recomposición salarial ante el congelamiento de los ingresos y el aumento de trabajadores estatales por debajo de la línea de pobreza.

Esto fue resuelto por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) que conduce Julio Piumato.

En ese sentido, desde el gremio explicaron que aún no recibieron novedades respecto a la autorización de cambios de partidas a la Corte Suprema por parte del Ejecutivo nacional para hacer frente a la suba salarial dispuesta.

“Exigimos el pago de lo acordado con la Corte”, enfatizó la UEJN en un comunicado donde se ratificó el llamado al paro nacional llevado adelante el 6 de septiembre.

La medida fue confirmada por el propio Piumato durante una manifestación para expresar el descontento de los trabadores ante “la inexplicable demora” por parte del Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en firmar la autorización de cambio de partidas para efectivizar el aumento salarial a los judiciales.

En ese sentido, desde el sindicato subrayaron que “están dadas todas las condiciones económicas necesarias para afrontar -en lo inmediato- el pago de lo acordado, más allá del requisito formal de la firma” del ministro coordinador, y destacaron que el hecho de haber levantado las medidas de fuerza que tenían previstas para la semana pasada fue “una muestra de buena voluntad”.

“A la fecha, continuamos realizando las gestiones necesarias para revertir esa inexplicable demora, más aún por cuanto -como hemos denunciado infinidad de veces- la inflación creciente impacta de lleno en el salario de los/as trabajadores/as”, fue otra de las frases que se pudo extraer del comunicado de los judiciales.

“Esperamos la urgente efectivización de lo acordado para el tercer tramo de pauta salarial 2023 -6,5% al 1 de julio- con lucha”, señaló también el gremio en el llamado a la medida de fuerza.

“¡Sin salarios dignos no hay Justicia!”, concluyó el comunicado difundido por el sindicato.

Finalmente, tras la autorización de las partidas, el viernes pasado la Corte Suprema de Justicia dispuso un aumento del 6,5 por ciento para los empleados del Poder Judicial desde el 1 de julio pasado y, por eso, se levantó la otra huelga que los judiciales tenían pensada para esta semana si seguía habiendo falta de respuestas para sus reclamos.

Esto permitió destrabar el asunto y que la Corte pudiera dar el aumento a los empleados de modo que no quedaran atrasados con respecto a la inflación.

Además, el intendente indicó «hay gente muy joven comprometida, que tiene ganas de hacer cosas, y eso se valora. Sigamos trabajando unidos y demostrando que, en Argentina, hay ganas de salir adelante con esfuerzo y sacrificio».

La referenta del MTU en Berazategui, Daiana Cabrera, expresó «el Movimiento de Trabajadores Unidos trata de devolverle la dignidad a los compañeros y compañeras, y en Berazategui venimos trabajando fuerte en conjunto con el Municipio. Quiero agradecer especialmente a Juan José Mussi, porque siempre está a nuestro lado».

El 11 de junio de 2021, el MTU fundó su sede en Berazategui, situada en calle 149 y 49 del barrio Bustillo. Actualmente, la organización cuenta con 60 integrantes. En tanto, junto a las sedes de los partidos de Quilmes, Florencio Varela y La Matanza, suma cerca de 300 miembros.

Vale destacar que en conjunto con el Consejo Escolar local, el MTU realiza tareas de pintura, limpieza de pluviales y mantenimiento de espacios verdes en los establecimientos educativos del distrito.

También, trabaja en la recuperación de espacios verdes en el barrio Bustillo, donde organizan cine gratuito, festejos anuales, excursiones y colonias para chicos y chicas.

Además, cuenta con merenderos y comedores para familias, y brindan una amplia oferta de cursos y capacitaciones en articulación con la Municipalidad de Berazategui.

A su vez, participaron del festejo, integrantes del Gabinete municipal y concejales de Berazategui.

La medida de fuerza comenzó a las 00:00 del martes, se mantuvo durante todo el día y afectó a las líneas de corta y media distancia que circulan por las provincias, y si bien en un principio también iba a alcanzar a las que lo hacen por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se llegó a un arreglo para garantizar el servicio en esta zona.

De todas maneras, la frecuencia de micros en el Área Metropolitana no se desarrolló de forma normal. Las versiones que en un primer momento confirmaban la medida de fuerza, hizo que cientos de choferes se fueran a dormir con la idea de que al día siguiente no se trabajaba. Resultó complicado para el gremio avisar a todos sus conductores a altas horas de la noche que el paro finalmente no se efectuaba por estos lares.

Por lo tanto, si bien había servicios su frecuencia se redujo. Lo que también perjudicó a estudiantes y trabajadores que tenían que abordar el transporte público. 

La determinación de la huelga se había producido en medio de un conflicto que se inició hace varios meses en reclamo de un aumento salarial, razón por la cual este lunes el sindicalista Roberto Fernández de la UTA volvió a reunirse con funcionarios del Ministerio de Trabajo y con las cámaras empresarias del sector, pero las negociaciones no habían prosperado.

En esta oportunidad, la cartera laboral, encabezada por Raquel «Kelly» Olmos, ya no pudo exigir la extensión de la conciliación obligatoria que regía hasta el momento, por lo que el cese de actividades de los colectiveros era inevitable.

Igualmente, se dispuso un «cuarto intermedio» para volver a dialogar el miércoles 14 de junio a las 13:00, aunque el gremio aclaró que iba a llevar a cabo el paro por 24 horas.

La UTA exigía cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.

Cerca de la medianoche del lunes, desde la UTA informaron que «en atención al dictado de la Resolución Conjunta por los Ministros de Trabajo y Transporte de la Nación, que han otorgado los incrementos salariales pedidos únicamente para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires, se ha resuelto el levantamiento de la medida de acción gremial en el AMBA».

Por su parte, en el interior del país el paro fue inevitable pese a que el Ministerio de Transporte de la Nación había ratificado que ya se hizo el pago del fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto.

A su vez, sostienen que desde hace tiempo reclaman la efectivización de 150 empleados y 100 recategorizaciones en distintas áreas. «Aubasa, sin embargo, continúa con una política de precarización laboral en un contexto social y económico cada vez más difícil para el trabajador, con un Gran Buenos Aires con 39,5% de pobreza», señalan en el comunicado. 

La decisión de levantar las barreras en todos los peajes se relaciona a las últimas noticias en torno a la inseguridad que se vive en el conurbano. El caso más resonante de la semana es el crimen del colectivo de la línea 620 en un intento de robo en La Matanza.

En Sutpa indicaron que la protesta de los colectiveros fue lo que los llevó a impulsar la medida gremial, ya que no obtuvieron respuestas en reclamos anteriores y que la situación es «insostenible».

Por su parte, desde Aubasa respondieron a estos cuestionamientos y anunciaron la «reparación de una deuda histórica con los trabajadores», el adelanto de un plan de incorporaciones a la planta permanente de personal contratado y la re categorización de quienes ya se encuentran formalmente incorporados a la empresa con el objetivo de «mejorar las condiciones laborales y brindar la estabilidad en el empleo que les confiere la ley».

Si bien en horas de la mañana del miércoles desde Nación dictaron la conciliación obligatoria, Moyano, que había acatado en un primer momento, decidió desoírla y continuar con la medida de fuerza. El conflicto sigue…   

El gremio que encabeza Sergio Palazzo, informó en un comunicado que se acordó con las cámaras empresarias ABAPPRA, ADEBA, ABA y el BCRA un  reconocimiento sobre la paritaria 2022 del 0.7% y para el año 2023 un incremento al mes de mayo de 32,5%, desglosado de la siguiente manera: en 4 tramos: 6% para enero 2023; 7,1% para febrero 2023; 11% para marzo 2023 y 8,4 % mayo 2023.

Recordemos que la negociación sobre la paritaria 2023 incluyó una suba de los adicionales aplicable al salario de diciembre de 6% en el mes de enero, 1% por febrero, 1% marzo y 5% en mayo.

De esta manera, desde mayo el salario inicial de un trabajador bancario será de $312.897 mensuales. Además, se ratificó un pago de $273.500 por el Día del Bancario (en noviembre).

Además, se acordó un pago extraordinario, para todos los trabajadores, en compensación por Ganancias, pagadero el 50% en mayo y el 50% restante en septiembre de 2023 y que, de acuerdo a cada escalafón, será de un monto de entre $ 50 mil y $ 450 mil.

Mientras que en el caso de los bancos que devuelven el impuesto a las ganancias a sus trabajadores, no abonarán dicho bono, salvo en los casos de aquellos trabajadores que por su nivel de ingresos no tengan devolución de dicho impuesto.

«De esta manera se disminuye considerablemente el impacto salarial del impuesto a las ganancias sobre el trabajador/a que paga este tributo, partiendo de la base que siempre sostuvo nuestro Sindicato que el salario no es ganancia, logrando con el presente acuerdo un significativo alivio en los bancarios/as que pagan este injusto impuesto», indicó el gremio en un comunicado.

Por lo tanto, si se considera el salario inicial más la participación de ganancias, los ingresos de los bancarios quedarán del siguiente modo:

Enero $ 245.448,95 + $ 8.869,16 = $ 254.318,11

Febrero $261.889,40 + $ 9.463,23 = $ 271.352,63

Marzo $ 287.360,51 + $ 10.383,61 = $ 297.744,12

Mayo $ 306.811,19 + $ 11.086,45 = $ 317.897,64

Finalmente, desde La Bancaria indicaron que, más allá del suplemento especial acordado para reducir la carga salarial de Ganancias, solicitarán a las autoridades de la AFIP y la Secretaría de Ingresos Públicos la reducción del tributo sobre una serie de adicionales de convenio que incluyen el suplemento por participación en las ganancias del sistema financiero (ROE), fallas de caja, bonos por productividad, vales alimentarios, y viáticos y gastos de movilidad.

Además, convocaron a un banderazo en el cuarto piso del Palacio de Justicia para continuar el reclamo con una «batucada en las escalinatas» del edificio y «en todas las delegaciones del país».

«Banderazo en Tribunales, cuatro semanas de medidas de fuerza y la Jefatura de Gabinete sigue castigando a los trabajadores judiciales que reclaman cuarto tramo de recomposición salarial 2022. Sin respuesta, paramos 48 horas jueves y viernes», expresó el líder de UEJN, Julio Piumato.

Asimismo, sostuvo que es «insólito» el retraso en la actualización del cambio de partidas que efectivizaría el cuarto tramo de recomposición salarial y advirtió que los salarios «están siendo devorados por la inflación».

Por último, remarcó que «la decisión a nivel nacional es que si esto no se soluciona, seguiremos profundizando las medidas».

Efectivamente esto se hizo realidad este martes, ya que la UEJN inició hoy un paro nacional de 36 horas con movilización.

Por eso, la UEJN reitera que «A lo largo y ancho del país, los/as trabajadores/as manifestaron su profunda bronca por el retraso en la firma del acuerdo salarial con la CSJN para el cuarto tramo de recomposición salarial 2022″.

Desde el gremio siguen sospechando que la pelea del gobierno con el Poder Judicial «paraliza el pago del aumento». Esta postura se sostiene en el hecho de que la Corte Suprema pidió la autorización al Ejecutivo para que gire las partidas necesarias, pero aún los fondos están retenidos en la Jefatura de Gabinete.

Por lo visto, el conflicto parece estar lejos de resolverse y promete seguir escribiendo nuevos capítulos en este diciembre caliente.    

Primero, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que conduce Julio Piumato decretó la huelga por 24 horas en rechazo de «el retraso y dilación de la Jefatura de Gabinete para autorizar para el pago el cambio de partidas presupuestarias».

El también secretario de Derechos Humanos de la CGT sostuvo que los trabajadores judiciales paralizaron las tareas durante toda la jornada ante «la ausencia de respuestas para modificar las partidas presupuestarias y respetar el aumento salarial».

Luego, el jefe sindical sostuvo que los trabajadores también pararon y se movilizaron para que el gremio ingrese de inmediato a la conducción de la obra social judicial.

Piumato aseveró que la huelga fue «contundente» y que si continúan «las absurdas demoras» el gremio convocará desde las 10hs. del 17 de noviembre a un nuevo paro con movilización y a otro de 36 horas el 24 y 25, con una gran marcha nacional el primer día con epicentro en el Palacio de Tribunales.

Los aumentos convenidos con el Alto Tribunal, de acuerdo al dirigente gremial, serán de entre el 25 y el 30 por ciento que se distribuyen en tramos, uno retroactivo a octubre y con subas en noviembre, diciembre y enero del 2023.

Hoy el salario básico de un trabajador judicial ronda los 160.000 pesos, sin ningún tipo de adicional. Con una suba total del 30 por ciento, el inicial sería de unos 200.000 en enero del año próximo. La urgencia en cerrar el acuerdo está ligada al impacto que tendría el porcentual en el sueldo anual complementario.

Hasta el momento no ha habido noticias de una eventual solución al conflicto, por lo que se estima que el Gremio de los Judiciales finalmente confirme estas medidas de fuerza.

A su vez, en la UEJN sospechan que la creciente tensión entre el Gobierno nacional y la Corte Suprema tiene algo que ver con la demora en el cobro de la mejora salarial, ya que sostienen que los recursos ya estaban acordados por la Corte pero sorpresivamente fueron frenados por la Jefatura de Gabinete. Por eso entienden que hay «absurdas dilaciones» que impiden resolver la cuestión.

Según explicaron los manifestantes, la medida de fuerza radica en la incertidumbre acerca del futuro de la actividad que desarrollan. «La falta de planificación por parte del Gobierno Nacional y Provincial en lo que respecta al funcionamiento y al futuro de las concesiones viales pone en riesgo el trabajo de 7.000 familias. A su vez, la imprevisión y ausencia de políticas públicas que cuiden las rutas y autopistas resienten la conservación y el mantenimiento de las mismas, situación que también atenta contra la seguridad de millones de usuarios», detallaron.

Por otro lado, denunciaron atraso en el pago del acuerdo paritario. «No pagar las obligaciones paritarias asumidas, obligándolos a salir a la lucha frente a una inflación imparable, y ante un escenario donde los trabajadores venimos perdiendo poder adquisitivo desde hace 5 años consecutivos», señalaron.

«Los trabajadores y el Sindicato denunciamos que esta ausencia de políticas adecuadas por parte del Gobierno hirió severamente una actividad que durante décadas tuvo empresas (públicas y privadas) con ecuaciones tarifarías adecuadas, brindando servicios de calidad a los usuarios y garantizando las fuentes de trabajo del sector. Sin entrar en el debate de la privatización o estatización de las concesiones, nosotros queremos que haya gestiones que, indistintamente de su modalidad, tengan previsión, planificación, y cuiden el trabajo, las rutas y a los usuarios de las rutas de nuestro país», concluyeron.

A partir de octubre, además, los montos cobrados en concepto de asignaciones familiares subirán un 50% en relación a los vigentes en septiembre. Los tramos continuarán ajustándose automáticamente, tal como se acordó en la paritaria de marzo.

También se definió junto a los gremios la reapertura de la paritaria para fines de diciembre, para dar cierre a la negociación del 2022.

La reunión paritaria se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, en La Plata, y estuvo encabezada por el gobernador Axel Kicillof; los ministros de Trabajo, Walter Correa; de Hacienda, Pablo López; y de Educación, Alberto Sileoni.

Del encuentro participaron los sindicatos que componen el Frente de Unidad Docente bonaerense (Suteba, Feb, Amet, Sadop, Udocba y Uda), que representan a los trabajadores estatales de la Ley 10.430, los médicos de Cicop y los judiciales de la AJB.

«Se sigue trabajando sobre la recomposición salarial para los trabajadores y cuando cerramos las paritarias lo hicimos con un porcentaje muy bueno para ese momento, pero la inflación dejó todo desfasado, continúa afectando los salarios y lamentablemente nunca alcanza. Ahora estamos en busca de una reapertura de las negociaciones con la posibilidad de ajustarnos a los números inflacionarios reales», agregó.

Por último, el gremialista destacó: «La inflación nos afecta, pero seguimos adelante con las obras que nos hemos propuesto, estamos por terminar lo encarado en Solano, en el Río estamos por ampliar el camping, teníamos alambradas cuatro hectáreas y ahora ya tenemos siete; hace un tiempo el municipio nos asfaltó el camino de entrada y ahora trabajamos en conjunto para poder contar con iluminación nueva también. En Varela ya arrancamos y seguimos moviéndonos con el proyecto de las canchas en El Pato; nuestra premisa es seguir creciendo pese a las dificultades».