Organismos representativos del ámbito jurídico, como la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), entre otros, han expresado su rechazo al proyecto.
La Celeste, uno de los gremios judiciales, emitió un comunicado señalando que «la visión del traspaso contiene un enfoque ciertamente equivocado sobre la autonomía de la Ciudad, pues la confunde con su soberanía y equipara a la ciudad de Buenos Aires con una provincia». Destacaron que los tribunales nacionales no son equivalentes a los tribunales provinciales, y la Ciudad no posee esa naturaleza.
Por su parte, la Bordó expresó preocupación por la posibilidad de que «de prosperar esa iniciativa, a los eventuales magistrados porteños que deban resolver cuestiones de trascendencia institucional, se les podrá iniciar un proceso para su remoción con la simple mayoría de los votos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y no por los dos tercios que exige el régimen nacional».
El proyecto de ley ómnibus instruye al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar los actos y acuerdos necesarios para la efectivización del traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de tres años. A pesar de la discusión jurídica en curso, los organismos profesionales mantienen su posición histórica de rechazo al proyecto.
]]>Ambos están imputados por “homicidio agravado” y se encuentran detenidos, aunque aún no declararon.
Al día de hoy, su tía Daniela y su abuela paterna Gladys Rodríguez siguen procurando que los responsables paguen por lo que hicieron. La marcha fue acompañada por amigos y vecinos de los familiares y se realizó desde la Plaza Tiscornia.
“Sus asesinos están detenidos pero todavía no hay una sentencia firme. Exigimos la pena máxima para Luis Alberto Gallo y Victoria Belen Godoy”, pidió la abuela que hoy está a cargo de los otros hermanos de Renzo. La familia pidió en varias oportunidades su tenencia, pero siempre les había sido denegada.
Como murió Renzo
El niño ingresó ya sin vida a la sala de El Pato. Su madre insistía en que se había accidentado y ahogado en la bañera, aunque la autopsia determinó lo contrario: falleció por una fuerte golpiza en la zona abdominal. Además, se comprobó que presentaba lesiones previas.
Fue entonces cuando la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de Quilmes ordenó la detención de su progenitora, Victoria de 30 años, y del padrastro, Luis Gallo de 40. Ambos fueron acusados de homicidio agravado por el vínculo.
Tiempo después transcendieron las declaraciones del hijo mayor de la familia acerca de cómo fue la «discusión» que más tarde terminó en la muerte de Renzo. El terrible hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 508, entre 616 y 617, donde los vecinos atestiguaron haber escuchado fuertes gritos y ruidos en el lugar, previo a conocerse el asesinato.
El menor de 10 años declaró que todo comenzó a partir de unos chocolates que pertenecían a su padrastro, quien a partir de ese hecho insignificante comenzó a golpearlos ferozmente. Fue el propio hermano quien culpó a Renzo minutos antes de que Gallo comenzara a golpear y a ahogar al niño de cuatro hasta provocarle la muerte.
La familia paterna había reclamado la custodia de los menores en reiteradas ocasiones, ya que luego de comenzar a estar en pareja les negaban poder acercarse a los chicos. “Ya no solo no podían compartir tiempo a solas, sino que cuando los dejaban encontrarse «parecían soldados», aseguró su tía Daniela. Mientras que el jardín también había notificado a la familia porque el nene llegaba golpeado a la institución.
]]>De acuerdo con la doctrina de la real malicia, quien difunde información de interés público que pueda afectar el honor de figuras públicas o particulares que hubieren intervenido en cuestiones públicas sólo deben responder jurídicamente si el agraviado prueba la falsedad de la información, señala la Corte.
El estándar de la real malicia determina la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas. Lo que se debe probar es que tales información fueron dadas sabiendo que no eran verdaderas o que no se realizó el trabajo previo para verificarlas.
El trabajo cita escritos judiciales para enfatizar sobre la protección legal del trabajo periodístico y el reconocimiento del rol del periodismo. “Entre las libertades que la Constitución Nacional consagra, la de prensa es una de las que posee mayor entidad, al extremo que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmedrada o puramente nominal” afirma la Corte.
La libertad de expresión en Argentina tiene una protección especial de la Constitución Nacional, lo que no implica que sea un derecho absoluto que impida que quienes difundan información para ocasionar daño, no deban responder civilmente por ello.
]]>La sanción se basa en la imputación realizada en marzo por la provincia, donde se señaló a Rappi por la aplicación de cargos adicionales compulsivos. La empresa había recibido la opción de evitar la multa si eliminaba estos cargos extra, pero optó por mantenerlos.
La controversia se centra en un cargo adicional denominado «tarifa de servicio», que la empresa cobra sin previo aviso, descubierto únicamente en el momento del pago. Esta tarifa se percibe como un intento claro de aumentar las ganancias trasladando gastos operativos a los consumidores.
A pesar de ofrecer a Rappi la oportunidad de defenderse, la empresa se negó a modificar su comportamiento. Por lo tanto, además de la multa, se le ha ordenado que cese la aplicación del cobro y elimine el concepto de «tarifa de servicio».
En una decisión innovadora, la provincia también ha instruido a Rappi a implementar los mecanismos necesarios para reintegrar a los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto. Este cargo extra se implementó en enero de 2022, y hasta marzo de 2023 ya había generado ingresos de aproximadamente 13 millones de pesos. La empresa deberá devolver esta suma actualizada a los usuarios bonaerenses.
Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, destacó que esta acción no refleja una postura antiempresa, sino que se ofreció a Rappi la oportunidad de corregir la situación, opción que la empresa decidió no tomar. Aguilar afirmó: «Si Rappi eliminaba ese concepto, la multa no llegaba». Esta medida busca no solo sancionar sino también promover prácticas comerciales justas y transparentes en beneficio de los consumidores.
]]>“Pero una vez más, el Juez Guarnieri desconoce las pruebas presentadas y acompaña la acción depredadora de la Empresa, indirectamente avalada por el municipio de Berazategui y el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires”, denunciaron. Y agregaron: “Ante esta realidad, hemos interpuesto un recurso de apelación contra tal pronunciamiento, el cual ocasiona graves efectos irreparables a las generaciones futuras y a la sociedad en general, en tanto no admite la tutela preventiva de un área de bosques nativos y humedales, que será de imposible reparación ulterior”.
Según los integrantes del grupo ambientalista, “la resolución judicial no toma en consideración los principios precautorio y preventivo que reconoce el Articulo 4 de la ley 25.675, ni tampoco le da el tratamiento que debe procurarse en el análisis de las medidas cautelares en materia ambiental. Ello a pesar de que, a partir del Acuerdo de Escazú, se introduce una regulación expresa en medidas cautelares y provisionales que incluyen las de prevenir, hacer cesar, mitigar e, incluso, la recomposición del daño causado dada la importancia que reviste la preservación de un ambiente irremplazable”.
¿Hasta cuándo los vecinos y organizaciones sociales y políticas de carácter popular van a dejar que esto suceda?
]]>La mujer policía declaró que aquel día, mientras limpiaba su casa, ubicada en los fondos de la casa de su madre, en la localidad de Juan María Gutiérrez, Berazategui, oyó el llanto desesperado de una de sus hermanas, por lo que fue hasta lo de su mamá para ver qué ocurría.
En esas circunstancias, la ahora condenada contó que sus dos hermanitas le confesaron, entre lágrimas, que el vecino al que llamaban “tío” abusaba de ellas dos.
“Ahí mi mente explotó y me agarró un fuerte dolor en el pecho y una angustia… Tenía mucho dolor en el pecho y en ese momento recordé los momentos previos de mi infancia, donde (el mismo “tío”) desde los ocho años hasta los trece abusó de mí”, declaró la policía, que baleó al abusador provocándole la muerte en el acto.
Según la efectivo, en aquel entonces no lo denunció porque se encontraba «amenazada por él”, que le decía que la iba a matar a ella y a su madre.
Si bien la defensa de la mujer planteó que actuó bajo emoción violenta, el juez Gustavo Farina sostuvo en el fallo que ese hecho “carece de apoyatura”, por lo que no prosperó como atenuante. Sí valoró el hecho de que la mujer tiene una hija menor de 5 años, por lo que la pena podrá cumplirla bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
]]>Además, la mujer indicó que su otro hijo, de 14 años, intentó defender a su hermano al momento de la agresión. Sin embargo, el adolescente también recibió insultos y amenazas, hasta que finalmente ambos se fueron del lugar en sus bicicletas.
Tras esa violenta situación, Margarita, la madre de los chicos, contó que “Mi hijo más chico me preguntó si podía andar en bicicleta por el barrio y se fue. A los 20 minutos volvió muy asustado y me dijo ‘mamá, me pegaron’”.
Tras ello, detalló el relato del nene: “Me metí en la cancha de golf y había dos personas jugando con un carrito rojo y me empezaron a decir ‘pendejo no podés estar acá’. Yo les pedí perdón porque venía muy fuerte con la bici y derrapé para darme vuelta y ahí me empezaron a revolear pelotazos”, explicó Mauro y contó que la violencia siguió escalando: “La señora le dijo al marido dame las pelotitas que lo voy a cagar a pelotazos a este pendejo”.
Muy distinta es la versión de los señalados como agresores, quienes además contarían con testigos que los avalan.
Según ellos, nunca le arrojaron pelotazos al menor de 10 años y, cuando se apersonó su hermano, fue él quien los insultó y agredió físicamente a la mujer que estaba jugando al golf.
Cuando el padre de los menores se enteró, fue a buscar a los acusados para pedir explicaciones y aseguró que se encontró con una nueva intimidación. Dicha situación también fue desmentida por el matrimonio
La familia del menor denunció en la Comisaría 3era de Gutiérrez al matrimonio, que fueron imputados por los delitos de lesiones y daños. En el caso interviene la UFI Berazategui Nº11.
]]>En su presentación, el fiscal destacó que, al momento de los robos, tanto Ayerza como Mansilla desempeñaban funciones como gerente general y gerente de Operaciones de Codecop, respectivamente, por lo que serían «prima facie» responsables del delito de «defraudación por retención indebida reiterada en tres oportunidades» de 1.144 millones de pesos, 1.235.760 dólares, 79.118 euros y 124.470 reales.
Ayerza, cabe recordar, también era el dueño de Radio del Plata cuando se produjeron los robos de Codecop a sus clientes, mientras “destinaba grandes sumas de dinero a subsidiar esa emisora radial”.
El fiscal Gómez Barbella, junto al auxiliar fiscal Patricio Medina Torre, también incluyó en el pedido de juicio oral a Anabel López, pareja de uno de los dueños de Codecop, Lucas Zeballos, y del extesorero Jonathan Bordon. En su dictamen, el funcionario explicó que los imputados «se habrían quedado con dinero que debían trasladar y/o resguardar, en virtud de los contratos de prestación de servicios oportunamente celebrados, para el Banco Galicia, la empresa Arcos Dorados -responsable de los restaurantes de comida rápida McDonald’s- y el Grupo Codere, que administra casas de juego y bingos en la provincia de Buenos Aires», sostuvieron el fiscal y su auxiliar.
Los cuatro directivos de Codecop están procesados por el juez en lo criminal y correccional Carlos Bruniard, quien les prohibió a todos salir del país, les impuso la presentación ante el tribunal cada 30 días y los embargó en $1.180 millones a cada uno, con la «obligación de no obstaculizar la investigación; bajo apercibimiento en caso de no hacerlo de revocar sus libertades y ordenar sus inmediatas detenciones».
Cabe recordar que desde el año pasado ya estaba detenido y procesado por esta causa Lucas Zeballos, ex presidente y uno de los dueños de Codecop, y estaba procesado y excarcelado el gerente comercial de la empresa transportadora de caudales, John Cruz Ibarra, cuya causa judicial ya fue elevada a juicio oral por el juez Bruniard.
Además, el fiscal pidió continuar con la toma de testimonios «a los efectos de continuar con la pesquisa», ya que se encuentran pendientes las pericias sobre «los dispositivos electrónicos secuestrados, y ante la posibilidad de que de sus conclusiones se desprenda la eventual participación de otras personas en las maniobras bajo pesquisa».
Hasta el momento, la Justicia logró recuperar de los depósitos de Codecop 408 millones de pesos, 124.000 reales, 3.000 euros y 1.200 dólares del dinero robado por los directivos de la empresa transportadora de caudales a sus principales clientes. Aún faltan encontrar 637 millones de pesos que le robaron a McDonald’s, 100 millones de pesos de Codere y 1,2 millón de dólares del Banco Galicia, según indica el expediente judicial.
]]>La detención de Forchinito se produjo la semana pasada, luego de que el agente fuera señalado por los investigadores como uno de los principales laderos del comisario Francisco Centurión. Se cree que habría participado de maniobras de encubrimiento para ayudar a los primos y, de esa manera, eludir la investigación del homicidio de Morello y la desaparición de Escalante.
Cabe señalar que horas antes había sido detenido el comisario inspector Sergio Argarañaz, titular de la comisaría 4° de Bosques, acusado, también, de encubrimiento. Según fuentes judiciales, Argarañaz no les tomó la denuncia por averiguación de paradero a los familiares de Escalante un día después de que los jóvenes desaparecieron, el 10 de diciembre.
Posteriormente, ya con la causa iniciada, el policía les dijo a los familiares que Lucas había atropellado a una chica, que se escondió y quemó el auto “para borrar evidencia y cobrar el seguro”. Además, siempre según las fuentes del caso, habría insinuado que la madre lo estaba ocultando de las autoridades o que “Lautaro vendía pastillas”, tal como indicó el sitio Infobae.
Las fuentes explicaron que, además, un móvil policial Toyota Etios que era manejado por Francisco Centurión fue peritado para determinar si en él estuvieron Lucas y Lautaro la noche en que desaparecieron. Ese vehículo fue secuestrado el 15 de marzo pasado en una sede policial de Quilmes en la que funciona el enlace de la fuerza provincial con Interpol y donde el comisario mayor presta servicio.
Los peritos detectaron que al auto le cambiaron el asiento trasero por completo, algo que no quedó registrado en el libro de novedades de la institución. Además, levantaron rastros de pelos y huellas que serán cotejados con el ADN de la víctima.
La causa está en manos del fiscal Daniel Ichazo, quien aguarda los resultados de las pericias para seguir avanzando con la causa.
Escalante fue visto por última vez el viernes 9 de diciembre en la localidad de Bosques, partido de Florencio Varela, cuando pasó a buscar a Morello para salir a festejar el triunfo de la Selección Argentina ante Países Bajos por las semifinales del Mundial de Qatar a en bordo de un auto BMW que al día siguiente apareció incendiado.
El cuerpo semicalcinado de Morello fue hallado cerca de las 21.30 del 15 de diciembre a la vera de la autopista en construcción Buen Ayre, en Guernica, partido de Presidente Perón, y nada se sabe aún de Escalante.
]]>De acuerdo con el relato que hiciera luego del hecho la joven, su padre, quien padecía un consumo problemático de alcohol, habría abusado sexualmente de ella desde hacía diez años.
El pasado viernes, finalmente, el jurado popular integrado por 12 ciudadanos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, escuchó los alegatos de ambas partes, tras lo cual se retiró de la sala del TOC 1 para debatir. Tras poco más de dos horas, ya por la noche, finalmente llegaron al veredicto de culpabilidad por «Homicidio agravado por el vínculo».
Cabe señalar que los defensores oficiales de la imputada, Ignacio Tranquilini y Mercedes Bullosa, reclamaron por la no culpabilidad de la joven al entender que la misma «no comprendía ni dirigía las acciones” al momento del hecho.
Al cierre de esta edición se aguardaba que la jueza Maffei anunciará la fecha para la audiencia de cesura en la cual se dictará el monto de la pena contra Sabrina Brizuela. Cabe recordar que por este delito se prevé prisión perpetua.
]]>El plan de reclamos de la Unidad Piquetera en dicha jornada se dió bajo el pedido de:
-Trabajo genuino, sin precarización laboral y bajo convenio.
-Seguro al desocupado para todas las familias que lo necesiten.
-Universalización de los planes sociales.
-Asistencia a los comedores populares.
-Entrega de herramientas comprometidas para desarrollos comunitarios.
-Aumento del Programa Potenciar Trabajo y marcha atrás con las bajas.
Por su parte, los ex trabajadores de Garbarino, quienes formaron parte del Plenario Nacional Piquetero semanas atrás, reclamaron la falta de pagos de sueldos e indemnizaciones por parte de la empresa que tiene como dueño a Carlos Rosales. “Fuimos más de 2.000 despedidos, nunca nos pagaron indemnizaciones, estuvimos trabajando un año y pico sin que nos paguen los sueldos. El señor Carlos Rosales compró la empresa e hizo un vaciamiento total. Nunca nos pagaron nada”, expresó uno de los afectados y siguió: “Tuvimos charlas con gente que nos iba a dar soluciones, y acá seguimos esperando. No nos dan ni un plan para reflotar la empresa”.
A su vez, debido al caos ocasionado en el tránsito uno de los ex empleados de la compañía en cuestión remarcó: “A la gente le pido disculpas por este corte de calles, pero no nos queda otra opción para reclamar por lo que nos corresponde”.
En dicha protesta también se hizo mención sobre la salud mental de varios de los damnificados, quienes a través de la engorrosa cuestión salarial y laboral que atraviesan, sufren problemas de salud como depresión, por la falta de pago de los salarios e indemnizaciones.