Un hombre de 43 años fue detenido en la localidad de San Francisco Solano, partido de Quilmes, acusado de producir y comercializar material de explotación sexual infantil. El procedimiento fue ordenado por la Justicia en el marco de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 de Berazategui, especializada en delitos vinculados a la ciberpedofilia. La causa quedó caratulada por una infracción al artículo 128 del Código Penal, que sanciona la producción y difusión de representaciones de menores de edad en actividades sexuales, mientras el imputado permanece a disposición de las autoridades judiciales.
La investigación fue desarrollada por el Gabinete de Ciberpedofilia de la UFI N° 8, bajo la dirección del fiscal Daniel Ichazo, en coordinación con efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires. A partir de tareas de ciberpatrullaje, análisis de evidencia digital e inteligencia tecnológica, los especialistas lograron identificar la huella informática atribuida al sospechoso, establecer su identidad y ubicar el domicilio desde donde presuntamente se realizaban las maniobras investigadas. Ese trabajo permitió reunir los elementos probatorios necesarios para avanzar con una medida judicial.
Con la orden de allanamiento correspondiente, personal del Gabinete Táctico Operativo de la Comisaría Quilmes Tercera irrumpió en una vivienda situada sobre la calle 852 de San Francisco Solano, donde concretó la detención del acusado, identificado como Esteban V., de 43 años. Durante el operativo fueron secuestrados dos teléfonos celulares, un Samsung Galaxy A15 y un Motorola Moto G13, además de prendas de vestir que, según los investigadores, podrían estar relacionadas con las representaciones digitales incorporadas al expediente.
Los dispositivos electrónicos serán sometidos a pericias informáticas para determinar la existencia de archivos, registros y posibles vínculos con otras personas o redes dedicadas a este tipo de delitos. La investigación continúa con el objetivo de establecer el alcance de la actividad atribuida al detenido y la eventual participación de terceros. El caso vuelve a poner de relieve la importancia de las unidades especializadas en delitos informáticos y el rol de la tecnología en la detección temprana de conductas que afectan gravemente la integridad y los derechos de niños, niñas y adolescentes.
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