El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Quilmes ordenó una serie de medidas urgentes luego de hacer lugar a una presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que denunció graves irregularidades en distintas dependencias policiales destinadas al alojamiento de mujeres en el conurbano bonaerense. La resolución, firmada por los jueces Fernando Celesia, Analía Reyes y María Cecilia Maffei, dispuso la prohibición de nuevos ingresos a la Comisaría 3ª de Berazategui, la Comisaría 6ª de Quilmes-Ezpeleta y la Comisaría 3ª de Florencio Varela, además del traslado inmediato de las personas allí alojadas hacia unidades penitenciarias o alcaldías. La decisión judicial fue adoptada tras las inspecciones realizadas por la CPM en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, durante las cuales el organismo relevó condiciones de detención consideradas incompatibles con los estándares básicos de derechos humanos y con los criterios nacionales e internacionales de protección de personas privadas de libertad, especialmente en materia de género.
Según los informes incorporados a la causa, las tres dependencias presentaban situaciones críticas. La Comisaría 3ª de Berazategui ya se encontraba clausurada por orden judicial, mientras que la Comisaría 6ª de Quilmes-Ezpeleta registraba además una clausura administrativa dispuesta por el Ministerio de Seguridad bonaerense. En el caso de la Comisaría 3ª de Florencio Varela, el organismo constató una sobrepoblación significativa, ya que el establecimiento contaba con capacidad para cuatro personas, aunque durante la inspección alojaba a siete mujeres. La CPM advirtió que el alojamiento prolongado en comisarías clausuradas o con capacidad excedida constituye una práctica que agrava las condiciones de encierro y vulnera derechos fundamentales, motivo por el cual solicitó la intervención urgente del Poder Judicial para evitar que la situación continuara profundizándose.
Entre las principales observaciones realizadas por el organismo se describieron condiciones de hacinamiento, deficiente acceso al agua, ausencia de calefacción, ventilación insuficiente, falta de luz natural y escasez de elementos de higiene personal. A ello se sumó la presencia de materiales inflamables dentro de los espacios de alojamiento, la inexistencia de planes de contingencia ante incendios y un régimen de aislamiento prácticamente permanente, con severas restricciones para el contacto con familiares, allegados y defensores. La CPM también recogió testimonios sobre presuntas requisas vejatorias efectuadas por personal policial durante ingresos y operativos, además de reiteradas denuncias vinculadas a deficiencias en la atención sanitaria, aspectos que el organismo calificó como situaciones de malos tratos y posibles hechos de tortura en contexto de encierro.
En su resolución, el Tribunal reconoció que varias de las deficiencias señaladas por la Comisión Provincial por la Memoria fueron admitidas por las propias autoridades responsables de las dependencias policiales durante las audiencias judiciales, entre ellas la falta de agua en las celdas, la carencia de calefacción, el deterioro de los sanitarios y las condiciones inadecuadas de habitabilidad. A partir de ese reconocimiento, los magistrados ordenaron comunicar la decisión a los organismos ministeriales y judiciales competentes para que adopten medidas complementarias orientadas a garantizar el respeto de los derechos de las personas detenidas. El caso volvió a poner en debate el uso de comisarías como lugares de alojamiento prolongado y la necesidad de adecuar las condiciones de detención a los estándares constitucionales y de derechos humanos que rigen en la provincia de Buenos Aires.
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