El Gobierno nacional oficializó la transferencia del control y la regulación de las plataformas digitales de movilidad y reparto a la Secretaría de Transporte, que será a partir de ahora la autoridad de aplicación del régimen que regula estas actividades en todo el país. La medida fue establecida mediante el Decreto 407/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La decisión alcanza a las principales aplicaciones utilizadas por millones de argentinos, entre ellas Uber, Cabify, DiDi, Rappi y PedidosYa, además de otras empresas que operan bajo modalidades similares de intermediación tecnológica. Según el Gobierno, la regulación de estos servicios debe quedar bajo la órbita de Transporte debido a que su actividad principal está vinculada con la movilidad de personas y la logística de bienes.
De esta manera, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, será la encargada de supervisar, aplicar y controlar el régimen específico destinado a los trabajadores independientes que desarrollan tareas a través de plataformas digitales. La medida se inscribe en el marco de la reforma laboral aprobada recientemente por el Congreso, que creó una regulación particular para este sector.
No obstante, el decreto establece que los aspectos vinculados a eventuales convenios colectivos de trabajo continuarán bajo la competencia de la Secretaría de Trabajo. Esto implica una división de responsabilidades entre ambas áreas del Estado: Transporte administra la actividad operativa y regulatoria de las plataformas, mientras que Trabajo conservará las facultades relacionadas con las relaciones laborales que pudieran surgir en el sector.
La economía de plataformas ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Distintas estimaciones indican que más de un millón de personas generan ingresos a través de aplicaciones de movilidad y reparto, un fenómeno que abrió debates sobre la regulación, la seguridad vial, los derechos laborales y el rol de las nuevas tecnologías en el mercado de trabajo.
La decisión busca unificar criterios regulatorios en un sector que continúa expandiéndose y que se ha convertido en un actor relevante dentro del sistema de transporte y logística urbana del país.
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