Docentes universitarios de todo el país llevan adelante un paro nacional entre el 26 y el 30 de mayo en reclamo de mejoras salariales y mayor financiamiento para las universidades públicas, en medio del conflicto que mantiene el sistema universitario con el Gobierno nacional por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Además de las medidas de fuerza, distintas casas de altos estudios comenzaron a realizar clases públicas y actividades de visibilización para advertir sobre la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.
Desde el centro de estudiantes de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) explicaron que cada cátedra definirá el nivel de adhesión al paro y comunicará a los estudiantes cómo se desarrollarán las actividades académicas. “La universidad permanecerá abierta, pero es importante consultar con cada docente si adhiere o no a la medida para saber cómo se desarrollarán las clases y actividades”, señalaron.
El eje principal del conflicto gira en torno al reclamo para que el gobierno de Javier Milei implemente la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso durante 2025, que establece mecanismos para garantizar los fondos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales y la actualización mensual de salarios docentes y no docentes según la inflación.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo continúa sin aplicar la normativa. Desde el Gobierno argumentaron que la ley afecta el objetivo de “equilibrio fiscal” y cuestionaron que la norma no especifica claramente las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir gastos operativos y salarios.
Frente al conflicto, distintas universidades nacionales recurrieron a la vía judicial para exigir el cumplimiento efectivo de la ley. Tanto en primera instancia como en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal obtuvieron fallos favorables que ordenaron al Estado cumplir con los artículos 5° y 6° de la Ley N.º 27.795.
Las resoluciones judiciales ratificaron la plena vigencia de la normativa y remarcaron la obligación estatal de garantizar el financiamiento universitario. No obstante, el pasado 7 de mayo la Sala III de la Cámara concedió un recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, habilitando la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora será el máximo tribunal del país quien deberá resolver si mantiene o revoca la cautelar que obliga al Ejecutivo a actualizar salarios docentes, no docentes y becas estudiantiles.
Desde el sistema universitario advirtieron que la falta de financiamiento adecuado pone en riesgo el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas, la calidad educativa, las tareas de investigación científica, los sistemas de salud universitarios y los programas de extensión y asistencia social.
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