Más de 150 intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM) se movilizaron al Ministerio de Economía para reclamarle al titular de la cartera, Luis Caputo, fondos que, aseguran, la Nación adeuda a provincias y municipios. Tras el encuentro, y ante la falta de respuestas concretas, comenzaron a analizar la posibilidad de avanzar con una denuncia judicial.
La convocatoria reunió a jefes comunales de distintos puntos del país y de diversos espacios políticos, incluidos representantes del radicalismo y de Juntos por el Cambio. El reclamo central apunta a los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles ya que, según indicaron, el Gobierno recaudó alrededor de 3,5 billones de pesos que no fueron utilizados ni para obras viales ni para reducir el precio de la nafta o el gasoil.
El planteo fue encabezado por Fernando Espinoza, presidente de la FAM, junto a Mariel Fernández y Gabriel Katopodis, quienes llevaron la voz del conjunto de los municipios.
En el documento presentado, los intendentes advirtieron sobre el impacto de la situación económica en sus distritos. “La caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad productiva y la creciente demanda social configuran un escenario de alta complejidad”, señalaron, al tiempo que pidieron abrir una instancia de diálogo institucional con el Gobierno nacional.
Sin embargo, ante la falta de avances, desde la FAM confirmaron que iniciaron consultas con asesores legales para evaluar una acción judicial contra el ministro. El eje del planteo es la presunta retención indebida de fondos del impuesto a los combustibles, que por ley deben destinarse al financiamiento de infraestructura de transporte.
De acuerdo con la normativa vigente (que incluye la ley 23.966 y sus modificaciones) parte de esos recursos debe ser transferida al fideicomiso correspondiente para obras viales y ferroviarias. Según los jefes comunales, en 2024 se recaudaron 3,5 billones de pesos, de los cuales Vialidad Nacional debía recibir 2,25 billones, pero solo se le giraron 1,2 billones.
Los intendentes aseguran que esta situación perjudica directamente a los vecinos y advierten que podría tratarse de un uso indebido de fondos públicos. En este contexto, el reclamo profundiza el conflicto entre los municipios y el Gobierno nacional, en medio de recortes y menos envío de recursos.
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