El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, presentó un proyecto de ley para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa, denominada “Ley Rodrigo”, cuenta con el respaldo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.
El proyecto toma su nombre en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica. La investigación judicial determinó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue ejecutado por familiares de personas detenidas en esa unidad penitenciaria. En ese marco, la jueza Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para siete acusados de integrar la organización criminal.
La iniciativa propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares” que fue implementado en 2020 durante la pandemia de coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.
En su lugar, el proyecto plantea modificar la Ley de Ejecución Penal bonaerense para establecer que las personas privadas de la libertad solo podrán realizar comunicaciones telefónicas mediante dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.
Según la propuesta, cada interno tendrá un máximo de dos horas diarias de comunicación y podrá contactarse con hasta cinco personas autorizadas previamente mediante un listado que deberá ser presentado al oficial de turno. Además, el Servicio Penitenciario deberá supervisar esas comunicaciones con el objetivo de garantizar la seguridad del establecimiento y la protección de las víctimas.
El texto también establece que, en caso de detectarse irregularidades o riesgos para la seguridad, la autoridad penitenciaria podrá solicitar al juez competente la restricción o interrupción de las comunicaciones por un plazo determinado y razonable, con posibilidad de prórroga debidamente fundamentada.
Entre otras medidas, el proyecto prevé la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil y transmisión de datos en los pabellones de internos, así como la implementación de controles permanentes para evitar el ingreso de dispositivos prohibidos, incluyendo requisas periódicas y el uso de tecnología para detectar celulares.
La iniciativa también fija un procedimiento para la entrega de los teléfonos en poder de los detenidos. Dentro de los diez días posteriores a la promulgación de la ley, el Servicio Penitenciario deberá notificar a los internos para que entreguen sus dispositivos en un plazo de 24 horas. Los celulares podrán ser retirados por familiares luego de seis meses, mientras que aquellos que no estén registrados serán destruidos en un acto público ante un escribano.
En caso de resistencia, los agentes penitenciarios estarán habilitados a realizar requisas en celdas y espacios comunes y a aplicar sanciones a los responsables.
Cabe señalar que la semana pasada el senador bonaerense del PRO, Alex Campbell, también presentó un proyecto de ley con un objetivo similar: prohibir el uso de celulares en cárceles de la provincia e instalar inhibidores de señal en las unidades penitenciarias.
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