El Gobierno nacional presentó el pasado 9 de diciembre un proyecto de Ley de Libertad Educativa que redefine el sistema educativo argentino con el foco puesto en la autonomía de las escuelas, el rol central de las familias y el monitoreo del Estado. De ser aprobado por el Congreso, el texto derogaría la actual Ley de Educación Nacional N°26.206, vigente desde 2006.
La iniciativa define la libertad educativa como “el derecho de toda persona, por sí o asociada con otras, a enseñar y a aprender conforme a sus propias convicciones, métodos y proyectos pedagógicos, con sujeción al orden jurídico y al respeto de los derechos humanos”. Si bien está orientada principalmente a los niveles inicial, primario y secundario, también introduce modificaciones que alcanzan al ámbito universitario.
Uno de los puntos más destacados es la habilitación del homeschooling, es decir, la educación en casa, modalidad en la que los padres o tutores se hacen cargo del proceso educativo fuera del sistema escolar tradicional, adaptándolo a los tiempos y necesidades de cada estudiante. El proyecto reconoce “el derecho a recibir educación básica mediante formas alternativas de enseñanza desarrolladas total o parcialmente fuera de los establecimientos educativos”, e incorpora además la educación híbrida y a distancia.
El texto refuerza el rol de las familias, a las que define como “el agente natural y primario de la educación de los hijos”, y redefine el Sistema Nacional de Educación como “el conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado”. En ese marco, se amplía la posibilidad de elección de la oferta educativa y se promueve una mayor diversidad de proyectos pedagógicos.
Entre los cambios estructurales, el proyecto crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación final obligatoria para quienes egresen del nivel medio, similar a sistemas implementados en países como Brasil. También establece evaluaciones docentes obligatorias al menos cada cuatro años y la publicación de resultados institucionales.
Tal como había prometido el presidente Javier Milei durante su campaña, el proyecto incorpora distintos mecanismos de financiamiento de la oferta y la demanda educativa. Se prevén asignaciones directas a las familias o estudiantes mediante vales, bonos, becas u otros instrumentos equivalentes, con el objetivo de “asegurar que la libertad de elección no dependa del nivel de ingresos”.
El texto señala que la finalidad es garantizar la continuidad educativa en los niveles inicial, primario y secundario. En la actualidad, ya existen los Vouchers Educativos, una asistencia económica temporal destinada a familias con hijos que asisten a escuelas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal.
Como condición, el proyecto establece que toda institución que reciba fondos públicos deberá rendir cuentas anualmente y publicar información sobre su gestión, reforzando los criterios de transparencia.
En cuanto a la organización del calendario escolar, la propuesta fija un piso mínimo de 540 horas anuales para el nivel inicial y 720 horas para los niveles primario y secundario, y vuelve a insistir en declarar la educación como servicio esencial, garantizando la continuidad mínima de clases ante conflictos o medidas de fuerza, un punto que ya había generado debate legislativo en intentos anteriores.
El proyecto fue anexado al informe final del Consejo de Mayo y abre un debate profundo sobre el modelo educativo, el rol del Estado y las familias, en un contexto de fuertes discusiones sobre calidad educativa, financiamiento y equidad en el acceso al sistema.
Hacé tu comentario