El Gobierno nacional oficializó a fines de diciembre el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo creado en 2017 y que hasta ahora estuvo a cargo de gestionar pensiones, prestaciones y programas destinados a personas con discapacidad. La disolución se formalizó mediante el Decreto 942/2025, publicado en el Boletín Oficial, que traslada todas sus funciones al Ministerio de Salud, bajo la nueva Secretaría Nacional de Discapacidad.
Según el decreto, la absorción de la ANDIS por parte del Ministerio busca “rediseñar la estructura estatal que gestiona políticas públicas en discapacidad” y fue publicada en el contexto de la prórroga de la emergencia sanitaria nacional hasta el 31 de diciembre de 2026.
Bajo el nuevo esquema, esa Secretaría será la responsable de la coordinación, diseño y ejecución de políticas públicas en discapacidad, así como de la administración de pensiones y prestaciones vigentes, funciones que antes estaban descentralizadas en la ANDIS.
El decreto aclara que la disolución no interrumpe los pagos ni las prestaciones actuales: las Pensiones No Contributivas (PNC) y demás beneficios seguirán siendo abonados y gestionados, ahora por el Ministerio de Salud con el apoyo de ANSES.
La medida generó inquietud en organizaciones y familias de personas con discapacidad. Por ello, en diálogo con La Palabra, Florencia Pozzi, familiar de un niño dentro del espectro autista, expresó su preocupación sobre cómo afectará el futuro inmediato de los trámites y tratamientos: “Para próximos años puede llegar a perjudicar, más que nada, la obtención del CUD, la autorización de terapias y tratamientos, ya que al pasar directamente al Ministerio de Salud no se tendrán en cuenta otros tratamientos alternativos como la educación, que no sean exclusivamente de la medicina. Hoy tenemos CUD vigente, pero no sabemos qué pasará en los años siguientes”.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es clave para acceder a derechos y beneficios (entre ellos terapias, tratamientos, exenciones y prestaciones básicas), por eso, la forma en que será tramitado y actualizado bajo la nueva estructura, es uno de los principales temores de las familias.
El Gobierno por su parte sostiene que la transición no afectará la continuidad de pagos ni servicios y que la reorganización busca “mejorar la eficiencia” de la gestión en discapacidad.
Cabe resaltar:
– Prestaciones y pensiones: seguirían sin interrupciones, aunque bajo la órbita del Ministerio de Salud.
-Certificados de discapacidad: su trámite y validez mantienen su importancia central para derechos sociales y accesos (y es un punto de preocupación y monitoreo).
-Atención y tratamientos: familias y prestadores reclaman claridad sobre si otros enfoques (como educación y terapias no médicas) tendrán igual seguimiento que hasta ahora.
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